La denuncia presentada ante Fiscalía
contra el delegado del Invifas también
apunta a un presunto delito de allanamiento
de morada, a raíz de los hechos ocurridos
el pasado 30 de agosto en la Base de Porto
Pi.
Según la denunciante, Isabel
Pascual del Pobil, el teniente coronel
Manuel Rivas se ha venido negando hasta
ahora, sistemáticamente, a permitir que
ella y su familia ocupen la vivienda
militar situada en el interior de la Base
que el Invifas les adjudicó el pasado 4 de
abril en razón del destino de su
marido.
Tras permanecer alojados
provisionalmente durante un mes en la isla,
con todos sus muebles almacenados en el
puerto a la espera de poder instalarse,
Isabel Pascual decidió el pasado 30 de
agosto ocupar junto a sus tres hijos el
pabellón que les ha sido asignado
oficialmente.
Al día siguiente, el
delegado del Invifas se presentó en la casa
instando a la denunciante a desalojarla de
inmediato: «¡Os vais a dormir a la calle!»,
le espetó colérico ante los pequeños. Acto
seguido, ordenó a un cerrajero que cambiara
la cerradura para que los nuevos inquilinos
no pudieran volver a entrar en ella. Como
Isabel Pascual llamó de inmediato a su
marido, Rivas se conformó con dejar la
puerta sin cerradura, tal como permanece
hasta hoy mismo.
El autor de la
interpelación parlamentaria dirigida al
Ministerio de Defensa, Arsenio Fernández,
ha sido teniente de alcalde de El Ferrol y
delegado del Gobierno en Galicia.
