Ricardo Álvarez-Maldonado fue ascendido
el pasado 9 de junio a capitán de fragata,
por lo que cesó como jefe de Órdenes de la
Base Naval y recibió un nuevo destino, en
la delegación del Ministerio de Defensa en
Palma.
Sin embargo, siguió ocupando
gratuitamente hasta el pasado 30 de agosto
el pabellón militar situado en el interior
de la Base Naval de Porto Pi. Los problemas
se produjeron cuando llegó el nuevo jefe de
Órdenes: el delegado del Invifas le
comunicó que no podría ocupar el mismo
pabellón situado a pocos metros de los
muelles de la Base porque tiene intención
de mantenerlo cerrado durante 10 meses para
efectuar reformas presupuestadas en 70.000
euros, que en aquel momento ni siquiera
habían sido aprobadas por la dirección
general del Invifas en Madrid.
Como
su esposa ya estaba en la isla con sus tres
hijos de seis, 11 y 13 años, con todos sus
muebles y enseres almacenados en el puerto
a la espera de poder instarse, optó por
ocupar el pabellón de cargo. Una vez allí,
pudo comprobar que las obras por valor de
70.000 euros que quiere ejecutar Rivas son
innecesarias. De hecho, varias empresas
independientes a las que ha consultado
certifican que bastaría gastar la décima
parte, 9.000 euros, para arreglar el
embaldosado en un pasillo de la planta
superior, dar una capa de pintura a toda la
casa e instalar aire
acondicionado.
Airado, Rivas irrumpió
en la casa el pasado 31 de agosto y obligó
a un operario a sustituir la cerradura de
la calle para que la familia del nuevo jefe
de Órdenes no pudiera volver a entrar. Por
este motivo, la esposa del alto mando de la
Base le ha denunciado por allanamiento de
morada.
