M. A. RUIZ COLL
PALMA.- La esposa
de un capitán de corbeta que ocupa un alto
cargo en la Base Naval de Porto Pi ha
presentado ante la Guardia Civil una
denuncia contra el delegado del Instituto
de la Vivienda de las Fuerzas Armadas
(Invifas) en Baleares, el teniente coronel
Manuel Rivas, por allanamiento de morada y
por amenazas contra ella y contra sus tres
hijos de seis, 11 y 13 años.
Según ha
explicado a este diario la denunciante,
Isabel Pascual del Pobil, el teniente
coronel Manuel Rivas se ha venido negando
hasta ahora, sistemáticamente, a
facilitarles a ella y su familia la
vivienda militar situada en el interior de
la Base que el Invifas les adjudicó el
pasado 4 de abril en razón del destino de
su marido.
Tras permanecer alojados
provisionalmente durante un mes en la isla,
con todos sus muebles almacenados en el
puerto a la espera de poder instalarse,
Isabel Pascual decidió el pasado 30 de
agosto ocupar junto a sus tres hijos el
pabellón que les ha sido asignado
oficialmente.
Al día siguiente, el
delegado del Invifas se presentó en la casa
instando a la denunciante a desalojarla de
inmediato: «¡Os vais a dormir a la calle!»,
le espetó colérico ante los pequeños. Acto
seguido, ordenó a un cerrajero que cambiara
la cerradura para que los nuevos inquilinos
no pudieran volver a entrar en ella. Como
Isabel Pascual llamó de inmediato a su
marido, Rivas se conformó con dejar la
puerta sin cerradura, tal como permanece
hasta hoy mismo.
El teniente coronel
abandonó el lugar profiriendo nuevas
amenazas: «¿Sabéis cómo va a terminar esto?
Con una demanda judicial y acabaréis sin
casa, en la calle y sin compensación
económica». Ese mismo día, Isabel decidió
interponer una denuncia ante la Guardia
Civil (que aparece reproducida en esta
página), si bien deberá ser resuelta por un
tribunal militar debido a que los hechos
ocurrieron en el recinto del Ministerio de
Defensa.
Procedente de Las Palmas de
Gran Canaria, el esposo de Isabel tomó
posesión de su nuevo destino en la Base
Naval de Porto Pi el pasado 31 de julio, en
uno de los puestos de la máxima
responsabilidad.
Diez meses
cerrada
Sin embargo, Riva le
advirtió desde el primer momento que no
podría ocupar la vivienda militar porque
había decidido ejecutar obras de reforma
por importe de 70.000 euros que, aseguró,
se prolongarían durante un período de entre
ocho y diez meses. «Tendréis suerte si el
verano que viene», comentó en alusión al de
2007, «ya podéis entrar» en la
casa.
El capitán de corbeta alegó que
su familia no se podía quedar en la calle
durante todo ese tiempo, recordó que la
vivienda ya le ha sido asignada
oficialmente (desde el pasado mes de abril)
por la Dirección General del Invifas y
pidió que las reformas se efectúen durante
su estancia, aunque tomando las debidas
precauciones para no causar daños a su
familia.
Represalias
Pes
e a que Rivas insistió en su intención de
mantener cerrado y deshabitado el pabellón
militar durante más de ocho meses, el nuevo
alto cargo de la Base decidió traerse a la
isla a su familia, que ya no podía seguir
residiendo en su anterior destino en
Canarias.
Una vez aquí, han podido
comprobar que, en contra de lo que sostiene
Rivas, la vivienda, muy próxima a los
muelles de la Base, se encuentra en
perfecto estado, tal como han acreditado
también los propios técnicos y
profesionales de la Base Naval de Porto Pi.
Y las propias empresas a las que
Isabel Pascual ha solicitado un presupuesto
alternativo, que apenas supondría la décima
parte de lo que Rivas sostiene que se va a
gastar, han indicado que las obras se
pueden hacer sin ningún problema con la
vivienda ya ocupada por los inquilinos. Por
el momento, Isabel Pascual y sus tres hijos
siguen residiendo en este pabellón, aunque
temen las nuevas represalias o amenazas que
pueda tomar contra ellos el delegado del
Invifas.
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