Una de las curiosidades que destacan del
primer decreto de envergadura del nuevo
departamento de Patrimonio e Identidad
sobre el edificio de la antigua estación es
que es el Ayuntamiento de Palma el que
deberá llevar a cabo las actuaciones
necesarias para hacer cumplir a la empresa
constructora contratada por la Conselleria
de Obras Públicas y Serveis Ferroviaris la
orden de paralización de los trabajos. Y
ello en virtud de la Ley 12/1998 de
patrimonio histórico que provoca en este
caso esta curiosa paradoja.
Contra
la decisión del Consell que no pone fin a
la vía administrativa se puede interponer
el correspondiente recurso de alzada ante
la presidenta del Consell de Mallorca,
Maria Antònia Munar, dentro de un plazo de
un mes contados al día siguiente de la
recepción de la notificación. Hay además
dos meses para interponer el
correspondiente contencioso administrativo.
Cort tiene previsto recurrir a una decisión
que puede dar lugar a una densa polémica ya
que, en principio, el Govern tenía permiso
de la Comisión de Centro Histórico que era
el que legalmente le correspondía hasta el
19 de mayo para hacer obras de reforma en
esta edificación. Pero al elevar el Consell
de forma sorprendente y temeraria para los
intereses del Govern la protección del
edificio y suspender las licencias de obra,
ahora es la Comisión Insular de Patrimonio
el que debe otorgar los permisos y
licencias correspondientes. La polémica
está servida porque la administración
insular exige la restitución del edificio a
su forma original pero el Consell no tenía
competencias sobre esta construcción hasta
el 19 de mayo.
