ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- El
empresario Juan Antonio Riutort engañó a la
Autoridad Portuaria de Baleares para lograr
la adjudicación de uno de los puertos
deportivos más selectos de Baleares: Marina
Port de Mallorca. El presidente de la
empresa náutica IP3M y actual socio del
presidente de los puertos de Baleares, Joan
Verger, se presentó al concurso de la
marina ubicada en el Paseo Marítimo de
Palma en 1998.
Lo hizo con su empresa
IP3M, que contaba entonces con apenas
varios meses de vida y de la mano de un
gigante nacional de la construcción:
Agromán, fusionada posteriormente con
Ferrovial. Mientras la institución que
ahora preside Verger estudiaba la oferta,
Riutort acordó la ruptura con Agromán
mediante un contrato privado, a espaldas de
la Comisión Técnica que debía analizar
pormenorizadamente su propuesta.
A
Riutort tan sólo le interesaba la
vinculación con la constructora para lograr
una mayor puntuación en la licitación. Que
fuera contabilizada la solvencia técnica y
económica de Agromán; que ésta acometiera
las obras de la marina; y nada más. De su
participación en el negocio posterior, ni
hablar.
Pero a la Autoridad
Portuaria de Baleares el socio de Verger le
hizo creer todo lo contrario. Se presentó
al concurso bajo la promesa de que en el
caso de que resultase ganadora su oferta,
como finalmente ocurrió, la explotación
correría a cargo de una empresa que
albergaba a un accionista de referencia con
un prestigio acreditado.
Y es que,
por aquel entonces, en el sector náutico
Juan Antonio Riutort no era nadie. Tan sólo
contaba en su haber con experiencia en la
explotación de bares.
Mediante la
alianza con Agromán-Ferrovial Riutort
suplía las carencias de IP3M, una sociedad
que nació poco antes de la licitación -el
27 de julio de 1998-. La unión se fraguó un
mes después de la constitución de IP3M, con
la venta del 40% de la empresa recién
nacida ante el notario de Palma Luis Pareja
Cerdó. Riutort cobró por ello 1.200
euros.
Imagen
distorsionada
Los técnicos de la
Autoridad Portuaria encargados de analizar
los proyectos se encontraron durante la
apertura de las plicas con una sociedad
integrada por Agromán. La presencia de la
constructora determinó la contabilización
de la solvencia técnica y de su dilatada
experiencia, ya que la de la sociedad de
Riutort era nula y colocó a IP3M a la
cabeza del concurso.
Sin embargo, lo
que vieron los ojos de los técnicos de la
Autoridad Portuaria no se ajustaba con la
realidad. En pleno proceso de adjudicación
del puerto deportivo que alberga 154
amarres en pleno Paseo Marítimo de Palma,
Juan Antonio Riutort y Ferrovial-Agromán
pactaron su ruptura y la fecha en la que
tendría lugar. Siempre, eso sí, después de
lograr la adjudicación y de que esta
empresa hubiera acometido las obras.
Este acuerdo se alcanzó mediante un
documento privado que se firmó entre ambas
partes el 15 de febrero de 1999, siete
meses antes de que la Autoridad Portuaria
acordara proclamar vencedora a la opción de
IP3M. Mediante este documento suscribieron
una «opción de compraventa» que se debía
formalizar «nunca antes del uno de
diciembre de 2001». El pacto alcanzado
rezaba de la siguiente manera: «Ferrovial
Agromán, S.A., se compromete a vender y D.
Juan Antonio Riutort Servera a comprar
todas las participaciones sociales... con
todos sus derechos inherentes, libres de
cargas y gravámenes».
El precio que
se estipuló fue el mismo que el que abonó
Ferrovial-Agromán por ellas: «1.200
euros».
Las previsiones de Riutort se
cumplieron y logró la adjudicación de
Marina Port de Mallorca. Agromán-Ferrovial
acometió las obras y poco después la
alianza estratégica se disolvía mediante
una ampliación de capital que acabó con la
salida de la constructora de IP3M. Se optó
por esta fórmula frente a la de la compra,
al ser fiscalmente más ventajosa.
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