G.
REVELLES / E.
PACHECO
EIVISSA.- El Partido
Popular presentará ante el Tribunal
Superior de Justicia de Baleares un recurso
contra el decreto que, rubricado el pasado
viernes por el alcalde de Vila, el
socialista Xico Tarrés, da luz verde a la
modificación del Plan General de Ordenación
Urbana en la que se basa el controvertido
proyecto Eivissa Centre. La portavoz de los
populares en el Consistorio, Virtudes Marí,
dio ayer a conocer esta decisión,
asegurando que todos los puntos del decreto
«son ilegales».
«No se trata»,
explicó Marí, « de un decreto donde, por
silencio administrativo, se entiende
aprobada una norma. Sino que interpreta de
manera torticera un acuerdo de la CIOTUPHA
para amoldárselo a su gusto y decir algo
que realmente no dice este acuerdo». La
concejal del PP recordó que, en la sesión
de la CIOTUPHA del pasado 8 de mayo, el
concejal de Urbanismo de Vila, el
socialista Vicent Torres, «y el abogado de
la empresa constructora» pretendieron que
este organismo diera luz verde a la
modificación del plan urbanístico sin pasar
por el Pleno de la institución insular, a
pesar de que así está establecido
legalmente.
A esta exigencia, la
CIOTUPHA respondió de forma negativa. A
juicio de Marí, estos hechos demuestran que
en la justificación del decretazo ofrecida
por el Gobierno de Vila hay «una falsedad
intencionada» dado que «cuando no se
contesta a una cosa o cuando no se habla de
ello, es interpretable, pero cuando hay una
petición expresa y una negación de la
petición, no cabe interpretación, cabe mala
fe».
Desde el PP se considera que la
actitud del socialista Tarrés y su equipo
persigue «hacer presión sobre los vecinos
de Santa Margarita que quedan por firmar,
haciéndoles creer que esto está aprobado y
que ya no pueden hacer nada». Algo que
Virtudes Marí definió como «la política de
coacción» que el Gobierno progresista de
Vila «ha seguido hasta ahora». A ello sumó
ayer la portavoz del PP que, a sabiendas de
la lentitud de la Justicia, Tarrés y los
suyos podrían perseguir avanzando en los
proyectos de Eivissa Centre y «claro,
después ya no se pueden volver
atrás».
Los populares creen que la
postura de Vila en este escándalo es
«perfectamente engañosa y a conciencia»
dado que parten de una base que podría
calificarse de falsa puesto que ya el
Consell rechazó la aprobación de la
modificación por la vía que el PSOE de Vila
pretendía. A pesar de ello, el alcalde
pidió un informe al también socialista
Joaquín Tornos, quien tuvo que dejar su
cargo como presidente del Consell Consultiu
catalán la pasada primavera tras
descubrirse que la Generalitat había
encargado a su despacho privado diversos
informes por los que se pagaron varios
miles de euros. Curiosamente, y según
denunció también ayer Virtudes Marí, Tornos
ha realizado varios informes para Vila y,
además, «hace de abogado del Ayuntamiento
en algunos pleitos». De ahí que el PP
cuestione su independencia a la hora de
informar sobre la fórmula de desbloquear
Eivissa Centre. «Los hechos», dijo la
portavoz del PP, «no dejan de ser curiosos.
Ser catedrático de algo no es garantía de
nada, por lo que pongo en duda esta
ecuanimidad ya que no se trata de un
dictamen».
Así las cosas, el PP
interpondrá un recurso contencioso
administrativo contra el decretazo de
Tarrés solicitando, una vez que entre en
vigor el mismo, tras su publicación en el
BOIB, medidas cautelares que lo suspendan.
Imprimir
