E. C. L.
PETRA.- El alcalde del
PSM de Petra, Joan Font Massot, firmó el
pasado 3 de agosto un decreto de Alcaldía
en virtud del cual ordena el pago de
45.715,72 euros a la Dirección de Servicios
Sociales, organismo dependiente de la
Conselleria de Presidencia del Govern. Suma
que corresponde al reintegro de una
subvención recibida en 1998 para las obras
del Centro de Día de Ca Ses Monges y cuyo
uso, según denunció en su día este diario,
nunca había sido justificado ante el
Govern. O no lo suficiente como para que el
Ejecutivo reclamase, intereses aparte, los
32.454,62 euros que fueron destinados para
la causa.
La dirección del área de
Servicios Sociales ya anunció que los
intereses acumulados por el Consistorio a
lo largo de estos siete años eran
notablemente cuantiosos. Ahora se sabe que
ascienden ni más ni menos que a 13.261
euros.
El moderno Centro de Día -uno
de los proyectos estrella del gobierno
municipal- lleva meses abierto. Lo que no
ha sido óbice para que la conselleria de
Presidencia haya seguido reclamando la
cantidad y exigiendo al Ayuntamiento que
justifique en qué invirtió ese dinero,
correspondiente a una primera ayuda pública
-todas las subvenciones son finalistas: se
conceden para un fin concreto y no para
otro-.
A lo largo de estos ocho
años, el Ayuntamiento ha sido requerido en
diversas ocasiones para que devuelva la
suma o presente las facturas que demuestran
en qué la gastó. Pero Font nunca lo ha
hecho.
Exactamente, la historia del
litigio se remonta al 12 de marzo de 1998.
Día en que el alcalde Font solicita una
subvención para reformar el antiguo
convento franciscano. Quiere construir un
comedor para los ancianos petrers.
La Conselleria de Presidencia -entonces
dirigida por Rosa Estaràs- se la concede.
6.700.000 pesetas (40.267,81 euros) en
virtud de un convenio firmado el 2 de
diciembre de ese
año.
Prórrogas
Le dan
una primera anualidad de 5.400.000 pesetas
(32.454 euros). La cantidad restante se la
entregarán una vez justificado el destino
de la primera seña, cosa que debía hacer en
el plazo de un año. Pero las facturas no
llegan y el alcalde pide que se prorrogue
el convenio. Lo consigue ya con el Pacte
del Progrés instalado en el Govern. En 2000
vence el segundo plazo y sigue sin haber
justificantes. Font pide otra prórroga el
21 de agosto y se le concede por otro año
más. No es hasta noviembre de 2003, tras el
cambio de Govern, cuando se detecta que
siguen sin presentarse facturas. Y como
exige la ley se empieza a exigir el
reintegro. La consellera Rosa Puig firmó
una orden de reintegro del total de la
cantidad más intereses el pasado 26 de
febrero. Y se dio parte al Interventor
general de la Comunidad Autónoma. El
Ayuntamiento al fin ha decidido devolver la
suma, asumiendo de forma tácita que no hizo
obras por valor de esa cantidad.
