Pese a que la Fiscalía de Baleares aún
no se ha decidido a levantar las alfombras
del caso Can Domenge, finalmente los jueces
tendrán la última palabra. El contencioso
planteado ahora por José Luis Núñez se suma
al interpuesto en su día por la coalición
Esquerra Unida/Els Verds, al entender que
el Consell ha cometido «fraude de Ley» en
el proceso.
Por su parte, el PSM ha
optado antes por agotar la vía
administrativa, mediante un recurso de
reposición que debe ser resuelto en el
Pleno del Consell del próximo mes de
septiembre. Con toda seguridad el PP y UM
impongan su mayoría para desestimar este
recurso. Lo cierto es que en el proceso se
ha registrado un auténtico rosario de
irregularidades. El Consell fijó un precio
máximo de 30 millones de euros para vender
los terrenos, pero en cambio no impuso al
comprador la obligación de construir un
número mínimo de viviendas de protección
oficial -al vicepresidente del Consell y
candidato a la Alcaldía de Palma Miquel
Nadal no le gustan- ni un precio máximo
para vender las viviendas.
Munar
convocó el concurso de tapadillo el
3 de enero, cuando la mayoría de las
empresas tiene a su personal de vacaciones,
y fijó un plazo inicial de sólo 15 días
para diseñar el proyecto de construcción de
600 viviendas.
Además, uno de los
miembros del jurado, Jordi Garcés, es socio
del arquitecto que ha diseñado el proyecto
ganador, Jean Nouvel, en el diseño de la
fachada marítima de Valencia. En lugar de
abstenerse, Garcés inclinó la balanza a
favor del proyecto diseñado por Nouvel para
Ferratur y Sacresa. La última irregularidad
ahora conocida gracias al contencioso
presentado por Carlos Zayas se refiere a la
diferente redacción en el anuncio de la
convocatoria del concurso y en el de la
adjudicación del mismo.
