ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- Joan
Verger ocultó la presencia de Juan Antonio
Riutort en la empresa Nuevas Líneas de
Construcción y Equipamiento, S.L., mediante
el contrato privado que se reproduce en
esta página. El 22 de marzo de 2000 se
reunió en Palma la junta de accionistas de
la empresa. En aquel momento estaba
compuesta por los socios fundadores. Esto
es, los hijos del ex jefe de Costas de
Baleares Antonio Garau, representados por
él mismo, y el actual presidente de la
Autoridad Portuaria. Los Garau disponían en
aquel momento del 50% de las
participaciones y Verger de la mitad
restante.
Mediante una ampliación de
capital por importe de 3.850.000 pesetas se
dio entrada a Juan Antonio Riutort, que
accedió a través de su sociedad Es Moll de
Campos, S.L. De esta forma, el presidente
de IP3M pasó a disponer del 25% de la
constructora, Joan Verger del otro 25% y
los Garau del resto de las acciones. Desde
aquel 22 de marzo y hasta la fecha la
composición del accionariado de la sociedad
no ha variado, tal y como han confirmado a
este periódico fuentes próximas a la misma.
Esta práctica, la de no elevar a
pública la venta de acciones, vulnera
además el artículo décimo de los estatutos
de la propia sociedad -rubricados por todos
los socios- y que especifica que «la
transmisión -de participaciones- deberá
constar en documento público».
Las fiduciarias
No es
la primera vez que Joan Verger recurre a la
fórmula de los contratos privados en sus
empresas. En la ya famosa IP3M fue el
propio líder popular el que accedió
no sólo mediante un contrato privado sino
oculto en dos sociedades interpuestas,
conocidas técnicamente como fiduciarias.
Concretamente de dos constructoras.
Ambas desaparecieron apenas un día después
de la entrada en la empresa náutica. La
primera en hacerlo fue Torrent d'Obres i
Servicis Auxiliars de la Construcció 2000,
S.L. La otra, Projectes i Obres Balears
2000, S.A., corrió poco después la misma
suerte que la anterior. Tras las
disoluciones, Verger se adjudicó un total
de 482 participaciones de IP3M.
Desembolsaba 6.010 euros y se hacía con el
8% de las acciones. Corría el mes de julio
de 2002.
Tan sólo dos años después,
el paquete que le fue vendido a un módico
precio se disparó un 120% gracias a la
explotación de los 154 amarres del puerto
deportivo de Marina Port de Mallorca,
situado en pleno Paseo Marítimo de Palma.
Prueba de ello es que el mismo porcentaje
que el suyo fue vendido por otro socio por
721.215 euros.
Quien le propuso
entrar en este boyante negocio fue su hasta
hace poco íntimo Antonio Garau Mulet, ex
jefe de Costas de Baleares, que fue el
verdadero cerebro de una sociedad que,
recién creada y sin contar con experiencia
alguna en el sector, logró la adjudicación
de la céntrica marina en 1998 por un plazo
de 14 años.
Desde IP3M, Verger y
Riutort diseñaron una estrategia para
engrosar los beneficios de la sociedad.
Decidieron cobrar a los clientes de los
amarres unos gastos de comunidad ilegales
que no estaban contemplados en los pliegos
del concurso y que le reportarían a la
empresa unos 360.000 euros de más al año.
Se trataba de hacer pagar a los clientes
por servicios como el botiquín de primeros
auxilios o el uso del parking
común.
Conscientes de que esta
práctica no se ajustaba a las bases de la
licitación, la empresa encargó un informe
jurídico a dos prestigiosos catedráticos de
Derecho Administrativo, Alfredo Gallego
Anabitarte y Angel Menéndez Rexach. Su
intención, tener una coartada a la que
agarrarse. Sin embargo, los expertos
emitieron su resolución en contra de los
intereses de su cliente. IP3M abonó
religiosamente sus servicios a los
reputados juristas y se limitó a guardar su
informe en un cajón.
Denuncia
'congelada'
Garau acabó rompiendo
su relación con sus ex socios por motivos
económicos y se vengó de ellos denunciando
los gastos comunes que había venido
cobrando la empresa a sus clientes. Esa
denuncia cayó en la mesa de Joan Verger
siendo ya presidente de la Autoridad
Portuaria, cargo que ostenta desde 2003. La
opción escogida por el líder popular pasó
por no tramitarla. Hasta el punto de que el
expediente le caducó en sus manos sin hacer
una sola indagación. Sin abrir una sola
diligencia.
EL MUNDO/El Día de
Baleares contó la estrategia de Verger para
favorecer a sus ex socios y éste se vio
obligado a tramitar la pertienente sanción.
Al final acabó multando a IP3M con 32.000
euros y a pesar de admitir la «gravedad» de
los cobros que él mismo gestó, no obligó a
su antigua empresa a reembolsar el dinero
que había venido cobrando de más.
La
empresa sancionada se ocultó bajo un nuevo
nombre y decidió optar al mayor concurso de
los últimos tiempos. Poco le ha importado a
Verger que la ganadora no sólo sea su
antigua empresa sino que cuente en su haber
con una sanción por llevar a cabo cobros
ilegales a sus clientes. Prueba de ello es
que no sólo no se abstuvo en la votación
sino que votó a favor de Riutort, ocultando
una vez más, la relación mercantil que le
sigue uniendo a él.
