ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.-
Joan Verger ha adjudicado la construcción
del mayor varadero de Baleares a un socio
suyo: Juan Antonio Riutort. Al presidente
de la Autoridad Portuaria y al de la
empresa náutica IP3M les siguen uniendo
vínculos mercantiles. Tanto Verger como
Riutort son accionistas de una constructora
fundada por el primero en diciembre de
1998: Nuevas Líneas de Construcción y
Equipamiento, S.L., domiciliada en el
número 46 de la calle San Miguel de
Palma.
Riutort dispone en estos
momentos del 25% de las participaciones;
Verger de otro 25%; y el segundo socio
fundador, el ex jefe de Costas Antonio
Garau Mulet, posee junto a su familia el
50% restante. La empresa fue concebida para
la promoción de pisos en Inca.
Concretamente para la reforma y posterior
venta de las viviendas ubicadas en el
número 25 de la calle Malferits de la
localidad dirigida por el popular
Pere Rotger.
Tras cumplir la función
para la que fue creada ha permanecido
inactiva -que no disuelta-, según los datos
que obran en poder del Registro Mercantil
de Baleares. Juan Antonio Riutort entró en
la sociedad en marzo de 2000 mediante una
ampliación de capital y a través de su
empresa Es Moll de Campos, S.L. Se hacía
entonces con 77 participaciones.
Los 'olvidos'
Desde
entonces ninguna junta de accionistas de la
empresa ha variado un ápice la composición
accionarial de la constructora. El
presidente de la Autoridad Portuaria de las
Islas ha ocultado en todo momento su
implicación en esta empresa. De hecho,
cuando en marzo de 2005 abrió las plicas
del concurso más importante de los últimos
tiempos y comprobó que entre los
concursantes se encontraba su íntimo
Riutort, no puso ninguna objeción. Tampoco
ha hecho la más mínima mención a su
participación en la constructora durante
los casi dos años que ha durado el proceso
de adjudicación.
Es más, el pasado
miércoles proclamaba vencedor de la
licitación con su voto favorable a su socio
e íntimo amigo. Riutort, que acudía al
concurso de la mano de Trapsa Yates,
dirigida por el presidente de Spanair
Gonzalo Pascual, se fue el elegido ganador
tras ofrecer la mayor inversión pero no el
cánon más elevado. La nueva concesionaria,
Servicios Técnicos Portuarios, S.L.,
promete invertir más de 15 millones de
euros.
Esta sociedad fue constituida
ex profeso para hacerse con el
varadero. Tiene como objeto social la
reparación y mantenimiento de buques y en
su accionariado IP3M cuenta con un 33%. En
estos momentos tiene ya en sus manos el
mayor negocio de cuantos ha adjudicado a lo
largo de su historia la Autoridad Portuaria
que preside Joan Verger. Consiste en la
explotación de varios edificios; 55.039
metros cuadrados de explanada; así como un
espejo de agua de 26.404 metros cuadrados
en el puerto palmesano. Será el mayor
varadero de Baleares y uno de los mayores
de España y se ubicará en pleno puerto de
Palma.
Dispondrá de una superficie
total de 81.443 metros cuadrados dotada de
dos travel lifts que debe estar
dedicada, tal y como contemplan las bases
del concurso, entre otras funciones, a la
izada y botadura de embarcaciones; a la
limpieza de sus bajos; a la gestión de los
amarres de los barcos en reparación; así
como a la gestión del aparcamiento de los
vehículos en las superficies descubiertas.
La Autoridad Portuaria ha advertido
en el pliego de bases del concurso que el
adjudicatario «se deberá dedicar en
exclusiva a los servicios anteriormente
señalados, siendo incompatible su actividad
con cualquier otra relacionada con la de
reparación, mantenimiento o consignación de
embarcaciones, ni de intermediario».
Asimismo le permitirá al ganador
«incrementar en un porcentaje de hasta el
30% de la superficie objeto del concurso,
en las zonas contiguas al perímetro
existente, durante el plazo concesional,
cuando a criterio de la Autoridad Portuaria
las necesidades operativas de la actividad
portuaria en los muelles comerciales así lo
permitan».
La «seriedad» de
Verger
Intentando evitar
cualquier suspicacia, Joan Verger recalcó
tras dar a conocer el nombre del vencedor
que el concurso se ha resuelto «con la
máxima seriedad y el máximo rigor» y
aseguró que vendió sus acciones en IP3M
-poseía en torno al 8%- al tomar posesión
de su cargo como presidente de Autoridad
Portuaria. «No ha habido presiones de
ningún tipo y mi participación en IP3M no
ha tenido ninguna connotación en el
resultado de la concesión».
En
cualquier caso, añadió que «no le
extrañaría» que alguna de las empresas que
optaban al concurso impugnen el resultado,
«tratándose de un contrato tan importante».
Las bases del concurso establecían el pago
de un canon mínimo de 832.766 euros (que
las siete ofertas tenidas en cuenta
mejoraban) y un plazo de concesión máximo
de 15 años (el grupo reducía este período
hasta los 13 años y medio).
Cabe
recordar que las relaciones mercantiles
entre Verger y Riutort se repitieron en
julio de 2002 cuando tras desembolsar 6.010
euros el histórico líder popular se
hacía con una parte de IP3M que, siempre
según él, vendió un mes antes de tomar
posesión de su actual cargo. A partir de
ahí le han llovido las adjudicaciones por
parte de su ex socio. La última, mayor
conocida hasta la fecha.
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