La resolución firmada por el director
general de Costas concede tres meses al
editor de EL MUNDO/El Día de Baleares para
realizar las obras previstas en el
proyecto. Durante este periodo, mantiene la
suspensión del uso público de la piscina
acordada en su día, lo cual implica también
la del hipotético «derecho de paso»
invocado en su día por alguno de los
agresores.
Costas ha tenido en
cuenta el informe elaborado en septiembre
de 2005 en el que la Delegación del
Gobierno en Baleares aconsejaba restringir
y regular el uso público de la zona por
motivos de seguridad, dado que el
periodista es un personaje público
amenazado por la banda terrorista ETA.
El delegado del Gobierno, Ramon
Socías, advertía además en su informe que
en el futuro pueden repetirse incidentes
como los registrados el pasado verano,
cuando un grupo de radicales e
independentistas liderado por el diputado
nacional de ERC Joan Puig intentó asaltar
la vivienda.
Como resultado de estas
consideraciones, la Delegación del Gobierno
indicaba en su informe que «no parece
procedente establecer un uso indiscriminado
[de la piscina], ya que ni la capacidad ni
la dificultad y peligrosidad de los accesos
aconsejan una utilización masiva y
desordenada».
Por este motivo,
recomendó limitar tanto el número de
usuarios de la piscina, estableciendo las
medidas adecuadas para preservar la
seguridad del periodista y su
familia.
El Ministerio que dirige
Cristina Narbona ha valorado también el
informe de la Abogacía del Estado, según el
cual no se dan las circunstancias para
anular la concesión otorgada en enero de
2001 para la ocupación de estas
instalaciones situadas en la zona de
dominio público.
En su recurso
inicial, el líder independentista Jaume
Sastre reclamaba a Costas que anule la
concesión, ordene la demolición de la
piscina y sancione a su actual gestor.
Ninguna de sus tres peticiones ha sido
aceptada.
