EL MUNDO
PALMA.- El Ministerio de
Medio Ambiente ha resuelto restringir por
motivos de seguridad el uso público de la
piscina situada en el domicilio del editor
de EL MUNDO/El Día de Baleares, Pedro J.
Ramírez, en Mallorca. Concretamente ha
acordado que durante el período vacacional
«su utilización estará restringida a
personas autorizadas por el gestor de la
concesión», es decir por el propio Pedro J.
Ramírez.
Para ello modificará los
términos de la concesión otorgada en enero
de 2001 a la anterior propietaria para la
utilización de los 350 metros cuadrados de
dominio público en los que fue construida
hace más de 35 años la piscina.
Esa
modificación supone aceptar el proyecto
presentado por el periodista poniendo la
piscina a disposición de los escolares de
la zona durante los meses de mayo, junio,
septiembre y octubre.
De acuerdo con
la actual Ley de Costas, la condición para
que las piscinas construidas con
anterioridad a su entrada en vigor puedan
quedar amparadas por una concesión es que
tengan algún tipo de uso público. Sólo en
Baleares hay más de diez mil piscinas,
embarcaderos y solariums en dominio público
sin que en casi ninguno de los casos se
cumpla este requisito.
La piscina
situada desde comienzos de los 70 en el
domicilio adquirido hace poco más de un
lustro por el editor de EL MUNDO/El Día de
Baleares ha sido la única que ha
concentrado las protestas y agresiones de
grupos radicales independentistas. Tras un
primer conato de asalto en el verano de
2004, una docena de personas, encabezadas
por el diputado de ERC Joan Puig
irrumpieron en agosto de 2005 por la fuerza
en el domicilio.
Estos hechos han
sido considerados como delictivos por la
juez de Manacor que ha instruido el sumario
fruto de la correspondiente denuncia y ese
ha sido también el criterio de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo que acaba de
abrir una causa especial contra Puig por su
condición de aforado. Esta misma semana un
Juzgado de Palma ha admitido a trámite una
nueva querella por amenazas contra Puig y
sus compañeros de agresión después de que
estos anunciaran que volverían a repetir su
conducta este verano.
A raíz del
asalto encabezado por Puig, la Delegación
del Gobierno en Baleares elaboró un informe
incorporado al expediente del Ministerio de
Medio Ambiente en el que asegura que no
existe la menor demanda «espontánea» de uso
público de la piscina sino una «campaña»
contra el editor de EL MUNDO/El Día de
Baleares. El informe recomienda que el uso
público, previsto por la concesión en 2001
y pendiente de desarrollar, quede
restringido a pequeños grupos de personas
identificadas individualmente y que no sea
simultáneo a la presencia del periodista y
su familia.
El proyecto ahora
aprobado por Medio Ambiente contempla
convertir la piscina de agua dulce en una
instalación de agua salada renovable
mediante energía solar e incluir en el
entorno paneles u otros elementos
didácticos sobre el desarrollo ambiental
sostenible. La piscina podrá así ser
utilizada por grupos de un máximo de diez
escolares acompañados de un monitor, al
mismo tiempo como unidad didáctica y como
zona recreativa.
El editor de EL
MUNDO/El Día de Baleares se compromete a
realizar una significativa inversión
económica para adaptar la piscina al
proyecto y a facilitar el acceso a los
escolares a través de la finca de su
propiedad.
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