P. NICOLAU
SES SALINES.- Manacor,
Son Servera, Alcúdia y desde ayer también
Ses Salines. El Ayuntamiento de esta
localidad es el cuarto en presentar
alegaciones ante la Demarcación de Costas
de Baleares en contra del nuevo deslinde
que planifica el Ministerio de Medio
Ambiente sobre el litoral mallorquín y que
en este caso afecta a Sa Colònia de Sant
Jordi.
A la ausencia de la
«necesaria» memoria que justifica los
cambios y los criterios seguidos para la
modificación -sólo se remitieron los
planos- se le une la falta de petición,
«obligatoria», por parte de Costas al
Consistorio de un informe sobre la
propuesta de ampliación de la franja de
dominio público, especificó la alcaldesa
Maria Bonet, quien aseveró que «no cumplen
la ley».
Otro aspecto que critican
desde la Administración local es que el
actual paseo marítimo, ejecutado por el
propio departamento que ahora encabeza
Cristina Narbona, coincide con la
servidumbre de tránsito, por lo que
consideran «ilógico» que se diseñe una
nueva línea paralela.
A este
respecto, Bonet aseguró que además de que
atravesará las casas ya edificadas,
en esta franja de tránsito «no se permiten
ni nuevas construcciones ni remodelaciones,
sólo demoliciones». Por ello, las viviendas
«no podrán ser objeto de reforma», lo que
conllevará que «con el tiempo se
deterioren». La alcaldesa también afirmó
que con el retranqueo se provoca una
«devaluación de los edificios en la zona de
la línea de tránsito».
Entre otros
aspectos, en las alegaciones, el
Ayuntamiento insta a que en el área del
Puerto de Sa Colònia se respete el deslinde
de 1999; en el resto, el vigente es de
finales de los años 60. Cabe decir que el
territorio total afectado abarca cerca de
13 kilómetros lineales.
En el Pleno
extraordinario de ayer, el equipo de
gobierno (PP, UM y SU) aprobó el paquete de
alegaciones, una medida que Bonet ya
anunció que se tomaría al estar «totalmente
en contra» de la nueva delimitación y que
calificó de «confiscatoria». Aparte del
alegato, el informe realizado por el
arquitecto municipal, que se elevó a Pleno,
es «desfavorable» al cambio, ya que éste
«no es el adecuado» para la realidad del
núcleo costero.
Caos
urbanístico
Por su parte, el PSOE
y el Grupo Mixto votaron en contra al no
estar conformes con las valoraciones del
gobierno local. Los socialistas pidieron
incluir una enmieda, que fue rechazada, en
la que apostaban por reclamar toda la
documentación que falta. Sin embargo,
reprobaron que la alcaldesa firme un
informe jurídico, «que es más bien
político», y otro técnico «descalificando
que la nueva servidumbre provocaría un caos
urbanístico».
En este sentido,
Perelló sostuvo que «donde sí lo tenemos ya
es en las Normas Subsidiarias, por lo que
se contradicen». En opinión del PSOE, «es
una acción política de precampaña electoral
del PP».
