GABRIELA CORRAZO
INCA.- «Los
trabajadores están en completa indefensión
pero lo que no harán será dejar de
trabajar». Pese a esta afirmación del
dirigente del sindicato UGT, Manuel
Pelarda, realizada en previsión de que los
administradores concursales ofrecieran al
personal de Yanko acogerse al permiso
retribuido, ya son 29 los empleados que han
decidido optar por ir a sus casas pero
cobrando una mensualidad.
En la
planta de Binissalem, sólo quedan 20
trabajadores operativos. La semana pasada
se fueron cinco y en esta 24 más. El dato
más curioso es que de estos 24 trabajadores
ya han decidido acogerse al beneficio del
pago retribuido los delegados de Comisiones
Obreras en la fábrica, dejando al resto de
compañeros sin representante sindical de
este gremio. En la planta de Llucmajor, en
cambio, todavía no ha desertado
ninguno y la plantilla al completo sigue
«aguantando».
La propuesta del
permiso retribuido tiene su origen aparente
en la incapacidad de la empresa de
proporcionar materia prima a los
trabajadores para cumplir con su labor. En
estos días no hay material para trabajar y
la jornada de 8 horas se hace penosa, según
manifestó Antonia Capó, delegada de los
trabajadores en Inca. «Los que trabajamos
tenemos que repartir lo poco que hay»,
agregó. Curiosamente, han cobrado el
salario correspondiente a este mes de junio
el día 1, mucho antes de lo
previsto.
Por otra parte, los
trabajadores de Yanko, a través de sus
representantes legales y sindicales, han
recurrido el auto del Juzgado primero de lo
Mercantil de Palma, que ordena «la
suspensión de la actividad empresarial en
el centro de fabricación de Inca, la
suspensión parcial de la actividad de las
oficinas y la suspensión de la actividad de
la oficina de la India», a instancias de lo
solicitado por los administradores
concursales.
«Algo
inédito»
Perplejos por la
situación, los representantes de UGT
recurrieron el dictamen del juez, Víctor
Fernández. «En 30 años nunca me había
tocado ver lo que veo ahora, la situación
de los trabajadores es de una total
indefensión», afirmó Pelarda.
En
cuanto a la suspensión parcial de
actividades en las oficinas de India,
Pelarda asegura no entender a qué responde
la mención de estas oficinas. «Es curioso
que el juez hable de India y no diga nada
de la planta de Llucmajor, por ejemplo,
cuando en India no tiene ninguna
competencia».
El auto librado el
lunes pasado, por el juez Fernández, señala
textualmente que «la administración
concursal ha llegado a la conclusión que se
tienen que adoptar nuevas medidas a las
acordadas anteriormente para tratar de
paliar la gravísima situación económica y
financiera de la empresa: entidad condenada
a la liquidación en la que el proyecto
empresarial está agotado, resulta inviable
en las condiciones y circunstancias
actuales».
