LORENZO MARINA
ESTEBAN
URREIZTIETA
PALMA.- El juez Francisco
Pleite ha cargado las tintas contra la
Policía Local de Palma. En vista de que la
sentencia, dictada en diciembre de 2005, en
la que prohibía a la discoteca
Megapark tener música al exterior se
había convertido en papel mojado, ahora
exige su cumplimiento. De lo contrario los
agentes de la Policía Local serán los
responsables.
Así, el titular del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número dos de Palma exige a la Policía
Local que efectúe «un mínimo de cuatro
controles semanales [del nivel de ruido]
por la Policía Local en distinta franja
horaria» en la discoteca de Bartolomé
Cursach en la Playa de Palma.
Dada
que la ejecución de la sentencia ha sido
una quimera hasta la fecha, el magistrado
Francisco Pleite ha sido mucho más
contundente en este último auto emitido.
Según la resolución judicial, los agentes
han de rendir cuenta de la actividad
desarrollada en el Megapark cada 15 días.
De no cumplirse este auto, el juez
anuncia una serie de medidas contra los
policías locales actuantes. En este
sentido, el juez Pleite invocó el artículo
112 de la Ley de lo Contencioso
Administrativo que habilita para tomar las
medidas necesarias para el cumplimiento de
una sentencia.
Una de las
posibilidades que contempla es «imponer
multas coercitivas de 150,25 euros a 1.502,
63 euros a las autoridades, funcionarios o
agentes que incumplan los requerimientos
del juzgado». Asimismo, el magistrado
Francisco Pleite también sopesa «reiterar
estas multas hasta la completa ejecución
del fallo judicial, sin perjuicio de otras
responsabilidades patrimoniales a que
hubiera lugar».
De hecho, el juez va
mucho más allá. Ante el nulo cumplimiento
de la sentencia dictada el pasado mes de
diciembre en el que prohibía expresamente
la música al aire libre en Megapark, el
juez amenaza a los policías locales con
iniciar medidas penales contra ellos. En
concreto, «deducir el oportuno testimonio
de particulares para exigir la
responsabilidad penal que pudiera
corresponder».
El juez Pleite
fundamentaba la decisión de precintar los
altavoces de Megapark en la misma ordenanza
municipal. Ésta prohíbe expresamente a los
restaurantes, bares y salas de fiestas la
música en sus espacios exteriores. A tenor
de esta resolución judicial, el
multimillonario negocio de Bartolomé
Cursach en la Playa de Palma, cuya creación
se cifra en ocho millones de euros, habría
perdido su mayor aliciente.
No ha
sido así. Durante medio año, Cursach ha
sorteado el escollo que le suponía cerrar
sus altavoces por orden judicial. A pesar
de la sentencia desfavorable, el empresario
se ha salido con la suya y ha conseguido
uno de sus principales objetivos: tener la
sala a rebosar en pleno Mundial de
fútbol.
'Órdago' de
Cursach
Lejos de quedarse quieto,
Bartolomé Cursach lanzó un órdago al
Ayuntamiento y al mismo juez. Instaló una
gigantesca pantalla al aire libre en
primera línea de playa. También logró la
licencia municipal para ello.
Antes
de la sentencia del juez Pleite, el
Ayuntamiento de Palma consintió el verano
del año pasado la apertura de la
discoabadía. Los servicios jurídicos
municipales argumentaron que la normativa
prohíbe la actividad musical en el exterior
se refiere sólo a las actuaciones
musicales, en ningún caso a aquella que
proviene de los altavoces y que se
reproduce de forma mecánica.
Así,
Cort dio luz verde al nuevo
mastodóntico proyecto de Bartolomé Cursach
en primera línea de playa imponiéndole
serias restricciones. Entre ellas, se
encontraban la imposibilidad de albergar
go-gos ni los disckjockeys de antaño.
Luego, el juez ordenó a Cort que
como «medida cautelar» en el exterior de la
discoabadía «todas aquellas actuaciones al
aire libre que se realicen para entretener
a los asistentes». En particular, las
lindantes con la vía pública.
Imprimir
