Fruto de las negociaciones entre Matas y
Antich, que salvaron in
extremis la reforma del Estatut de
Baleares, la competencia en régimen
penitenciario quedó fuera del texto. Sin
embargo, sí se han incorporado otras
materias plenamente consensuadas desde el
principio.
La que se refiere a la
integración social y económica del
inmigrante, por ejemplo. Fue la Comisión de
Sabios que asesoró al Govern la que
consideró que las Islas debían dar
servicios sociales, sanidad, educación,
vivienda y servicios sanitarios al
colectivo de inmigrantes. Esta batería de
nuevas responsabilidades serán gestionadas
por la recién creada Conselleria de
Inmigración.
El artículo 28
del nuevo Estatut, el que habla de
competencias exclusivas, también contempla
la gestión de la pesca marítima en el mar
territorial. En la actualidad Baleares sólo
gestiona el mar interior; es decir, la
pequeña franja marina que se extiende
alrededor de las islas.
Si la
reforma es aprobada por el Congreso,
Baleares podrá gestionar las 12 millas
colindantes, que ahora dependen del
Ministerio de Agricultura y Pesca, y
elaborar un Plan de Gestión de Pesca que le
permitiría garantizar la sostenibilidad de
los recursos pesqueros a largo plazo. No
obstante, esta iniciativa podría toparse
con la negativa del Gobierno, siempre
retiscente a facilitar que una comunidad
autónoma ostente de un caladero
exclusivo.
Corresponderá también al
Govern la competencia compartida en materia
de medio ambiente. En todo caso, las
funciones de Baleares serán las de dictar
normas adicionales de protección, la
gestión de los espacios naturales
protegidos, así como su regulación y su
declaración. Cabe destacar, en este
sentido, que el Govern también asumirá la
gestión del Parque Nacional de Cabrera a
raíz de una sentencia del Tribunal
Constitucional que dictaminó que la gestión
de los espacios nacionales corresponde en
exclusiva a las autonomías. La ministra
Cristina Narbona está procediendo a
traspasar las competencias como resultado
de los recursos interpuestos por Aragón y
Andalucía denunciando la intromisión del
Ministerio de Medio Ambiente en sus
competencias.
El ejecutivo también
será el que velará por las relaciones entre
las instituciones del Govern y los
ayuntamientos. Es decir, gestionará la
organización local y determinará las
competencias y las potestades propias de
los municipios. Asimismo, entre las
competencias exclusivas se contempla la
asunción de la gestión en materia de
defensa de los consumidores y de los
usuarios, así como la regulación y fomento
de las asociaciones y sus procedimientos
reglamentarios.
Por último, otras
materias ya contempladas en el Estatut
anterior, pero como competencias
legislativas, son las actividades
clasificadas y los bienes de dominio
público y patrimoniales de titularidad
balear. El nuevo Estatut también recoge las
competencias de Sanidad, una materia que
fue transferida a las comunidades autónomas
e1 1 de enero de 2002.
El texto se
actualiza y dicta que Baleares es la
encargada de gestionar la organización, el
funcionamiento y el control de los centros
sanitarios públicos y de los servicios de
salud. Es también la que debe promocionar
la salud en todos los ámbitos y de la
ordenación farmacéutica.
