BLANCA
DIEZ
EIVISSA.- El portavoz
adjunto del PP balear, Fernando Rubio,
calificó ayer de «reprobable» la actitud
del diputado de EU, Miquel Ramón, y de la
ex consellera insular del Pacte, Fani Tur,
detenidos el pasado martes por la Guardia
Civil en Eivissa por obstaculizar la
ocupación, por parte del Govern, de la
finca conocida como Can Malalt, necesaria
para la ejecución de las obras de
desdoblamiento de la carretera del
Aeropuerto. Rubio, además, destacó el
trabajo de la Guardia Civil, cuya
intervención fue necesaria para hacer
frente a los intentos de boicot de las
obras en esta zona por parte de los
radicales: «Merecen todo el respeto y
confianza».
De este modo respondió
ayer el PP balear a las declaraciones
formuladas el pasado miércoles por el
diputado autonómico Ramon, quien aseguró
que su detención, y la de 10 antiautopistas
más, fue «totalmente ilegal».
El
mismo calificativo utilizó el diputado de
EU para referirse a la entrada de las
máquinas de la adjudicataria de las obras,
MAB, en Can Malalt.
El portavoz del
PP de las Islas, por otro lado, definió
como «totalmente justificables» las
acciones que pretende iniciar la consellera
autonómica de Obras Públicas, Mabel Cabrer,
de pedir daños y perjuicios por los parones
ocasionados en la ejecución de los
proyectos de desdoblamiento de las
principales carreteras de la red viaria
ibicenca. Acciones que Fernando Rubio
calificó de «legítimas y democráticas».
Quien también se pronunció ayer
sobre lo sucedido esta semana en la finca
de Can Malalt fue la consellera insular de
Vías y Obras, Stella Matutes, quien recordó
que si los propietarios de estos terrenos,
la familia Planells, «hubieran presentado
las alegaciones en su momento, seguramente
ya tendrían un garaje nuevo hecho». Y es
que las obras de desdoblamiento de la
carretera del Aeropuerto han cerrado el
acceso a esta finca y al garaje que se
encuentra en la misma.
El proyecto
contempla la construcción de un nuevo
acceso, lo que han impedido en diversas
ocasciones los propietarios y los
antiautopistas. La familia Planells tampoco
presentó las alegaciones pertinentes contra
el mismo en su momento. Alegaciones que
hubieran llevado a Obras Públicas a
reconstruirles un nuevo garaje con entrada
hacia el nuevo acceso a su finca.
«A
todos los propietarios afectados», recordó
la consellera Matutes, «se les han
reconstruido vallas, puertas y todo lo que
se les ha tirado. No sé si estos
propietarios deben pensar que con ellos
haremos una excepción porque no es
así».
Stella Matutes recordó también
que ha tenido conocimiento de los problemas
que afectan a la finca de Can Malalt y a
sus propietarios, pero no a través de
estos. «No han venido al Consell a hacer
las alegaciones oportunas, con lo que
nosotros sabríamos qué es lo que deberíamos
hacer en su casa».
Matutes,
finalmente, volvió a invitar a los
propietarios afectados por las
expropiaciones vinculadas a la
modernización de la red viaria ibicenca a
que «vengan al Consell para tratar los
temas particulares que afecten a cada
finca».
Imprimir
