PALMA.- El sindicato judicial CSI-CSIF
pidió ayer oficialmente al Ayuntamiento de
Palma que clausure el edificio de
Carreteras del Consell de Mallorca. El
motivo, que tal y como reveló carece de las
pertinentes licencias de obra, apertura y
funcionamiento. En este sentido, la
formación sindicial pide a Cort que «ejerza
su autoridad de la misma manera que con el
resto de los ciudadanos procediendo al
cierre de las dependencias».
Por su
parte la Inspección de Trabajo levantó ayer
la suspensión de la actividad en la sede
provisional de los Juzgados de lo Penal de
Palma después de que el personal haya
recibido un curso en materia de salud
laboral, requisito exigido para permitir
que los jueces vuelvan a sus labores
jurisdiccionales, según informó el juez
decano, Francisco Martínez Espinosa, en un
comunicado. En una reunión celebrada el
viernes, representantes de Trabajo
comunicaron a Martínez que una parte de las
deficiencias detectadas la semana pasada se
han solucionado y que el resto, todavía por
solventar, no exigen el cierre del
inmueble.
Respecto a poder celebrar
los juicios en el mismo edificio de la
calle Miquel Santandreu, el Ministerio de
Justicia ha comunicado al juez decano de
Palma que la solicitud «no se podrá atender
de forma inmediata», pero que se
habilitarán salas de vistas «a corto
plazo».
Así, los jueces de Palma
lamentaron el trastorno que supondrá para
los ciudadanos y para el funcionamiento de
los juzgados tener que desplazarse al
edificio de Vía Alemania, por lo que
añadieron que esperan que la situación se
resuelva «lo antes posible».
El
conflicto se salda así sin que el edificio
de Carreteras reúne las condiciones mínimas
exigibles a un lugar de trabajo. La
esperanza que les queda a los magistrados y
funcionarios pasa porque el 31 de diciembre
la institución que preside Maria Antònia
Munar ya ha anunciado que dispondrá del
edificio para proceder a su venta, al igual
que está haciendo con el resto de su
patrimonio público.
