ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.-
El principal objetivo del Consell de
Mallorca pasa en estos momentos por
clausurar la planta impresora de EL
MUNDO/El Día de Baleares y silenciar al
único medio de comunicación que denuncia
sus innumerables escándalos de corrupción.
Para ello la institución que preside
Maria Antònia Munar está dispuesta a
desautorizar a una juez, la titular del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número uno de Palma, que ya ha subrayado
que la instalación puede seguir funcionando
sin problemas; a usurpar las competencias
del Ayuntamiento de Santa Maria, localidad
donde se levanta la rotativa; y a vulnerar
con su estrategia la doctrina del Tribunal
Supremo y de la propia Constitución
española, que defienden la autonomía de los
ayuntamientos en materia
urbanística.
La institución insular
arguye que la planta que imprime este
diario no sólo es ilegal sino que sus
irregularidades deben motivar su precinto.
Para ello ordena al Ayuntamiento de Santa
Maria que proceda a su clausura inmediata.
Los argumentos que esgrime el Consell de
Mallorca contra la instalación ni siquiera
son propios. Proceden de una denuncia
interpuesta por el imputado Joaquín
Rabasco.
Su autor es el edil de
Llucmajor que se apropió de «más de un
millón de euros públicos», tal y como
reveló este periódico y recientemente ha
confirmado la Fiscalía Anticorrupción. El
mismo que introdujo en la página de
internet de su partido un videojuego que
consistía en asesinar mujeres mediante una
veintena de formas diferentes. Desde
triturarla con un ventilador hasta
despeñarla por un precipicio pasando por la
posibilidad de ahogarla en
cemento.
La institución que controla
Munar utiliza al líder de ASI (Agrupación
Social Independiente) para que impulse su
estrategia. Es el denunciante que le sirve
de coartada para actuar. A los medios del
Grupo Serra los emplea para publicitarla. A
las tres partes les une la misma máxima:
que los escándalos que protagonizan dejen
de ser publicados en estas páginas.
Las filtraciones a
'UH'
En esta línea, el Consell de
Mallorca acaba de remitir, primero al
diario Última Hora, y después al
Ayuntamiento de Santa Maria, un escrito -el
último de una larga lista- en el que insta
al Consistorio dirigido por el PSM a que
«restituya la legalidad urbanística» de la
instalación. La carta la firma el conseller
de Territorio de Munar, Bartomeu
Vicens.
La institución comandada por
Unió Mallorquina (UM) se toma la licencia,
primero, de poner en conocimiento del Grupo
Serra su resolución antes que a las partes
personadas en el proceso. Tanto los
letrados de este periódico como los del
Ayuntamiento de Santa Maria tienen acceso a
los informes del Consell de Mallorca a
través del diario de Pedro Serra.
Pero es que la institución insular
se permite también dar órdenes al
Consistorio sin ser competente para
hacerlo, pretendiendo que se restituya la
tutela sobre los ayuntamientos que
desapareció con la llegada de la Transición
y la Constitución de 1978. La juez Carmen
Frigola ya se ha pronunciado sobre este
caso y lo ha hecho en contra de los
intereses del trío Munar-Serra-Rabasco. Lo
hizo el pasado 24 de abril dictando un auto
en el que denegaba la petición de Joaquín
Rabasco de clausurar cautelarmente la
planta de impresión. Frigola sostiene que
el político cordobés «no ha explicado en
qué se traduce el perjuicio grave e
irreparable que le supone» que la planta
impresora funcione. Y le aclara que «si no
se aprecia ese perjuicio irreparable o
grave para la parte recurrente... la medida
cautelar pierde su condición esencial». En
lo que respecta al fondo de la cuestión y a
expensas de un dictamen definitivo, Frigola
recalca que «la actividad se ubica en una
nave industrial específicamente diseñada y
construida para ese menester»; que «el
Ayuntamiento de Santa Maria autorizó
expresamente su construcción»: y que ésta
«tiene la certificación de final de obra».
«Perjuicio
devastador»
Por lo tanto,
prosigue su auto, «no es absolutamente
clandestina», como argumenta Rabasco.
Asimismo la juez ha ponderado «el perjuicio
que la medida podría ocasionar a terceros».
«El cierre cautelar de esa rotativa
causaría un efecto devastador y un
perjuicio inconmensurable difícilmente
reparable», apostilla. La estrategia para
clausurar la planta de EL MUNDO/El Día de
Baleares se enmarca en la campaña de
intimidación urdida por Serra para intentar
variar a su favor la línea editorial de
este periódico. El escándalo del museo
público Es Baluard desató la ira del dueño
del diario Última Hora.
Serra
abordó al director de EL MUNDO Pedro J.
Ramírez en la boda del Príncipe Felipe y
Letizia Ortiz en los siguientes términos:
«¡La campaña de tu periódico contra el
museo y contra mí tiene que cesar, es
intolerable!». El periodista hizo caso
omiso a las amenazas proferidas por el
editor y la reacción no se hizo esperar.
Pedro Serra abre el fuego
contra Pedro J. Ramírez el 3 de agosto de
2004. El mismo día que EL MUNDO/El Día de
Baleares reproducía las amenazas y
calumnias vertidas por el editor en un
requerimiento notarial enviado al director
de este diario, Eduardo Inda. En él Serra
exigía a este medio de comunicación que
dejara de informar sobre el museo público
que preside y maneja.
Ese mismo día
el editor se aliaba con el líder
independentista Jaume Sastre, que convocó
una concentración frente al domicilio del
periodista.
A partir de entonces se
desata una campaña contra el periodista que
emplea como pretexto la piscina de su
domicilio y que alcanza su máxima expresión
el pasado verano con el asalto por la
fuerza liderado por el diputado de ERC
(Esquerra Republicana de Cataluña) Joan
Puig. El allanamiento de morada estuvo
precedido de meses de coacciones desde las
páginas de Ultima Hora.
En
ellas Sastre, presidente del grupúsculo
Lobby per la Independència, llegó a
declarar que «esto es una guerra entre
forasteros y mallorquines». Y añadía: «La
mejor defensa es un ataque por sorpresa,
audaz y contundente». Porque, en palabras
de este independentista, «se trata de pegar
a uno para que escarmienten veintiuno».
Las amenazas se multiplicaron hasta
que el pasado 13 de agosto Puig, con el
carné de diputado entre los dientes y
acompañado de un grupo de radicales entre
los que se encontraba el propio Sastre,
arrolló a los guardas jurados del
periodista y asaltó la vivienda.
La
juez instructora de Manacor ha advertido
«indicios de criminalidad» en la conducta
de los asaltantes y ha remitido el caso al
Tribunal Supremo. Mientras, el líder
republicano, con el amparo de los medios de
Pedro Serra, ya ha anunciado que este
verano volverá a allanar la residencia de
Pedro J. Ramírez en Mallorca.
Imprimir
