G.
REVELLES / J. M. DE
LAMO
EIVISSA.- El secretario
general del PSOE pitiuso y concejal de
Participación Ciudadana y Deportes en el
Ayuntamiento de Eivissa, Roque López, ha
reclamado las actas de las reuniones del
consejo de administración de ITUSA, la
empresa mixta, integrada por el Gobierno de
Vila y una promotora inmobiliaria privada,
que está construyendo sin las licencias
correspondientes el edificio de Juan XXIII,
entre otros.
Según indicaron a este
periódicos fuentes de ITUSA, sólo el
representante del PP en el consejo de
administración de esta empresa mixta, el
concejal Jaime Díez de Entresotos, votó a
favor de entregar a López las actas de las
reuniones. El resto de consejeros, dos del
Gobierno del Pacte Progressista y otros dos
de la compañía privada, se pronunciaron en
contra de hacerlo.
López, por su
parte, no quiso confirmar ayer estos
extremos y se limitó a decir que el
escándalo del caso Eivissa Centre debe ser
«valorado por ITUSA y por los que llevan
este asunto en el Ayuntamiento».
Explicaciones que, según la postura del
secretario general de los socialistas
pitiusos, deben ofrecer, entre otros, el
alcalde Xico Tarrés y el gerente de ITUSA,
el ex conseller insular de Urbanismo y
también socialista Josep Marí Ribas
Agustinet.
Sin
licencias
De este modo, Roque
López evitó pronunciarse sobre el hecho de
que el alcalde Tarrés y el concejal de
Urbanismo, el también socialista Vicent
Torres, sean conscientes de que tres de los
proyectos contemplados en Eivissa Centre
(el edificio para realojar a los
expropiados de Santa Margarita, el colegio
de la calle Vicent Serra y el aparcamiento
subterráneo de la misma zona) se estén
levantando sin las licencias de
construcción correspondientes.
Una
situación del todo anómala y de la que,
sorprendentemente, desde la cúpula del
Gobierno progresista de Vila se pretende
responsabilizar al Consell por no haber
aprobado aún la modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana que debe
justificar que, por ejemplo, se construya
el edificio de Juan XXIII con más alturas y
más volumen de los permitidos por esta
norma.
Este hecho ha llevado al
presidente del Consell Insular, Pere Palau,
a advertir al socialista Tarrés de que
puede estar incurriendo en un delito de
prevaricación por omisión al consentir que
se ejecuten unas obras sin licencia.
Lo cierto es que, para conseguir que
el Consell Insular apruebe la modificación
del Plan General, el Gobierno de la ciudad
de Eivissa debe demostrar que, a través del
proyecto Eivissa Centre, no habrá un
tercero que obtenga beneficio económico
gracias a la venta del suelo y el subsuelo
públicos.
Algo que también ha
establecido como condición para el visto
bueno de la modificación urbanística
propuesta por el Pacte Progressista el
Consell Consultiu.
Hasta ahora, el
Gobierno del socialista Xico Tarrés no ha
entregado la documentación requerida por la
institución, por lo que la petición aún no
ha sido resuelta.
Y es que es difícil
que los socialistas Xico Tarrés y Josep
Marí Ribas Agustinet puedan demostrar lo
exigido por la máxima institución pitiusa y
el Consell Consultiu, dado que en ITUSA se
encuentran el Consistorio y una promotora
inmobiliaria privada.
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