E. COLOM / E. URREIZTIETA
PALMA.-
El Partido Popular balear se desmarca de la
política disciplinaria que está siguiendo
el grupo a nivel nacional. La misma semana
en que el alcalde imputado del PP Lluc
Tomás ha sido ratificado para la
candidatura de Llucmajor de 2007, el Comité
de Derehos y Garantías que preside el ex
ministro Federico Trillo acaba de expulsar
de las filas populares a al alcalde
de Orihuela, Alicante, que se encuentra en
una situación análoga a Tomás.
La
retirada de carné del alicantino José
Manuel Medina ha venido provocada por sus
problemas con la justicia. No en vano,
Medina fue citado recientemente por el
Juzgado número 4 de Orihuela para declarar
como imputado por un delito relativo a la
ordenación del territorio. El procedimiento
judicial fue abierto después de que el
fiscal Anticorrupción de la Comunidad
Valenciana, Jesús Briones, le acusara a
mediados de mayo por presuntas
irregularidades urbanísticas y
contables.
En su escrito, Briones
aludía a la existencia de bienes como
vehículos de lujo que presuntamente
disfrutaba el alcalde y solicitaba
investigar su posible relación con la
adjudicación de varios planes de urbanismo
del Consistorio.
En su escrito de
acusación, el misniterio público también
señalaba presuntas irregularidades en la
contratación de asesores municipales y de
actuaciones artísticas así como la
concesión de anticipos a cuenta a
determinados concejales sin acuerdo previo
de todos los órganos competentes en el
control de los destinos del dinero
público.
El Comité que dirige Trillo
ha querido actuar con diligencia y ha
apartado de la política al alcalde Medina.
Al menos mientras la Justicia esté
trabajando en su caso a petición de la
Fiscalía Anticorrupción. «No podemos
controlar lo que hacen los más de 23.000
alcaldes y concejales que tenemos en toda
España, como tampoco pueden hacerlo el
PSOE», declaró Trillo. «Lo que sí podemos
hacer es actuar en consecuencia», apostilló
en unas declaraciones recogidas por El
Confidencial.com.
Esa
«diligencia» abanderada e impulsada en el
Levante español por el que fuera ministro
de Defensa no parece de momento haber
saltado el charco. El alcalde del PP
de Llucmajor, Lluc Tomás, imputado
igualmente por el fiscal Anticorrupción de
Baleares Juan Carrau, no ha sido apartado
de la política. Más bien lo contrario. Así,
la cúpula del PP en la Part Forana escogió
precisamente el pasado jueves su sede en
Llucmajor para celebrar una de sus
reuniones periódicas. Una cumbre al término
del cual se anunció que Tomás es uno de los
alcaldes que cuentan con el respaldo del
partido para repetir como cabeza de lista
en las próximas elecciones de 2007,
presencia que no obstante el propio Tomás
aún no ha confirmado del todo. Sobre Tomás
pesan las acusaciones de Carrau por un
presunto delito de prevaricación al
consentir, siempre presuntamente, que su
socio de gobierno, Joaquín Rabasco,
distrajera un millón de euros públicos.
Contratación
irregular
En sus informes, Carrau
sostenía que para colegir esto «basta ver
los edictos realizados y el contenido de
los expedientes administrativos y su cotejo
con los contratos que las sociedades de los
imputados ya habían firmado». El Ministerio
Público pone como ejemplo el hecho de que
«consta, entre otros documentos, un informe
técnico municipal sobre la falta de
adecuación legal de un contrato y que en
esa fecha el alcalde dictó el decreto de
adjudicación para la contratación sin que
se hubieran subsanado las deficiencias». El
alcalde del PP firmó de su puño y letra
adjudicaciones a la empresa del líder de la
Agrupación Social Independiente y suo
colaboradora Aldao por «1.047.967 euros».
El concepto de los pagos, fraccionados en
98 adjudicaciones para darlos a dedo
y eludir el concurso público, fue la
contratación de eventos musicales para las
fiestas.
