GISELA REVELLES
EIVISSA.- «No
hemos tenido oportunidad de saber por qué
quieren sacar a los vecinos de Santa
Margarita de sus casas porque el
Ayuntamiento no nos ha dado nunca esa
oportunidad». Así expresó ayer el
administrador de la comunidad de vecinos
del edificio de Santa Margarita, el abogado
Joaquín Roig, la base de buena parte de las
dudas que estos propietarios tienen aún
sobre el proyecto Eivissa Centre y la
necesidad de abandonar sus viviendas para
ser realojados en el edificio que el
Consistorio que dirige el socialista Xico
Tarrés y la promotora BRUESA, integrantes
de la empresa mixta ITUSA, están levantando
en la zona de Juan XXIII.
Algunos de
estos vecinos indicaron a este periódico,
tal y como avanzó ayer EL MUNDO/Ibiza y
Formentera, que, hasta el momento, tampoco
han podido saber si ITUSA dispone de los
permisos necesarios para construir el nuevo
edificio.
Roig aseguró ayer que
también desconoce si ITUSA tiene o no las
licencias municipales correspondientes
puesto que la empresa «nunca» les ha
mostrado «nada». «Nosotros no hemos visto
nunca ningún papel», añadió el abogado, «ni
la licencia, ni los planos… Sólo nos han
enseñado unos pequeños planos de cada piso,
como los que enseñan otras promotoras a los
clientes».
Y es que parece que ITUSA
tampoco ha tenido un trato muy continuo con
los afectados por este sistema de
expropiaciones encubiertas, basado en sacar
a 90 vecinos del edificio de Santa
Margarita para reaolojarlos en el nuevo de
Juan XXIII a cambio de, al menos, 12.000
euros por vivienda.
Sólo
BRUESA
Según explicó el abogado
Joaquín Roig a este periódico, la
información recibida por los afectados ha
procedido casi exclusivamente de la
promotora BRUESA y no del Consistorio. Algo
que ha llevado a entre 10 y 15 familias a
negarse a firmar los contratos con ITUSA:
«Los vecinos que no quieren firmar se
quejan básicamente de la falta de
información por parte del Ayuntamiento, que
nunca ha dado la cara».
Es más,
antes de las pasadas Navidades, Joaquín
Roig se reunió con el gerente de ITUSA, el
ex conseller insular de Urbanismo, el
socialista Josep Marí Ribas
Agustinet, y una representante de
BRUESA con el objetivo de buscar «otras
alternativas» para aquellos vecinos que,
por diversos motivos, no deseaban ser
realojados en el edificio de Juan
XXIII.
«Quedamos», señaló ayer
Joaquín Roig, «en que volveríamos reunirnos
antes de Navidad para fijar las fórmulas.
Esa reunión se suspendió por problemas de
agenda y, desde entonces, no hemos vuelto a
saber nada».
Roig también indicó
que, según algunos de los afectados del
edificio Santa Margarita, tras publicar
este periódico el pasado mes de marzo las
dudas los propietarios, BRUESA «fue puerta
por puerta diciendo que EL MUNDO mentía»,
pero los representantes de la promotora
tampoco supieron, al parecer, aclarar a los
afectados ninguna de sus preguntas.
