PALMA.- El portavoz adjunto del PP en el
Parlament catalán, Daniel Sirera, denunció
ayer que el gobierno catalán subvencionó en
2004 y 2005 con 440.404 euros a la Obra
Cultural Balear. En total, según sus datos,
el tripartito destinó una suma de 2,97
millones de euros en estos dos años a
asociaciones de Valencia y Baleares «que
organizan actos contra los gobiernos
legítimos de estas
comunidades».
Daniel Cirera aprovechó
una pregunta oral en el pleno del Parlament
para lanzar este reproche al
conseller primer, Josep
Bargalló, quien subrayó a Efe que el
ejecutivo catalán «ayuda y ayudará a
entidades que tienen como objetivo el apoyo
a la lengua catalana». En este sentido,
añadió que no había recibido ninguna queja
del gobierno balear o valenciano por estas
subvenciones.
Sin embargo, Sirera
tildó de «injerencia intolerable» y de
«práctica antidemocrática» subvencionar a
entidades de ambas comunidades que «se
manifiestan» contra gobiernos autonómicos.
Según el PP, el gobierno catalán, además de
destinar dinero a la Obra Cultural Balear,
ha subvenionado también a Acció Cultural
del País Valencià con 1.069 millones de
euros y con 505.600 euros al Institut
Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa,
también en Valencia.
No es la
primera vez que trasciende a la luz pública
las ayudas que la Generalitat catalana da a
otras administraciones con motivo de la
«defensa» del catalán. Según puso saber
este diario, Bargalló también pagó 24.593,5
euros (algo más de cuatro millones de
pesetas) al secretario de Movimientos
Sociales de ERC en Baleares, Cecili Buele,
para que elaborara un Estudio sobre el
uso de la lengua catalana en Baleares.
Al ser preguntado por este
diario, Buele no pudo aclarar en qué
consistía el citado estudio ni quién se lo
encargó. Tampoco supo responder por qué se
lo habían encargado a él y no a un
filólogo. El polémico encargo se produjo en
2004, en plena campaña de Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) para hacerse
hueco en Baleares, tras la incorporación de
este partido al gobierno tripartito de
Maragall.
Bargalló también se gastó
2.810 euros para elaborar un informe
titulado Procesamiento encuesta de usos
lingüísticos en las corporaciones locales
de Menorca pese a no tener competencia
alguna en esta isla. Según la documentación
oficial, el estudio fue elaborado por el
Institut d'Estudis i Profesions SL,
mediante un convenio con el Consell de
Menorca.
Más tarde, el Consell
Insular de Menorca, recogiendo las
recomendaciones de la Generalitat, cambió
el reglamento de uso de la lengua catalana
e impuso a las empresas adjudicatarias la
obligación de remitir los informes en
catalán. Asimismo, los funcionarios estarán
obligados a conocer y escribir el
catalán.
