Tremendo el auto del juez contra Rabasco
y por el cual sabemos -se declaró el
secreto del sumario- que se ha ampliado el
procedimiento incoado por malversación,
falsedad y estafa con nuevos ilícitos
penales de cohecho, fraude y exacciones
ilegales y negociaciones prohibidas a los
funcionarios. Estamos ante un rosario de
presuntos delitos acumulados que son graves
en sí mismos considerados y que son graves
por las serias penas que llevan aparejadas.
En un escrito de excelente factura
jurídica, el fiscal Carrau desgrana las
nuevas figuras penales imputadas y solicita
y consigue que se incoe pieza separada de
responsabilidades pecuniarias con resultado
del auto judicial que comentamos que ordena
el embargo de bienes y cuentas corrientes
de Joaquín Rabasco como fianza
garantizadora de dichas responsabilidades.
Bien estamos ante un avance
cualitativo en el proceso abierto a un
Rabasco que, como se explicita con bastante
contundencia en el auto judicial, acumula,
junto a la también imputada Amor Aldao,
indicios suficientes de que crearon
distintas sociedades, contrataron
fraudulentamente con el Ayuntamiento de
Llucmajor distintos eventos culturales o
deportivos de los cuales fueron a parar
indirectamente a las cuentas del concejal
Rabasco. El escrito del fiscal Carrau es
todavía más explícito al describir cómo
hubo utilización del cargo de concejal para
obtener información privilegiada, conseguir
contratación directa que evitara la
realización de concursos u otras formas de
contratación pública, todo ello con
resultado de suculentos beneficios para
Rabasco.
Bien, estamos, al parecer,
en la recta final de uno de los
escandalosos casos de corrupción, todavía
en fase de «presunta», protagonizada por un
político cuya violencia dialéctica amparada
por Pedro Serra y sus periódicos por haber
osado denunciar e investigar todos estos
hechos, se ha proyectado con especial
intensidad y vesania contra este periódico
y su director. El secreto del sumario
decretado por el juez instructor ha dado
alas, durante todo este tiempo, al imputado
y a los palmeros que le jaleaban desde la
Ultima Hora, el Balears y la
televisión de Serra. Tras decaer, una tras
otra, la batería de querellas interpuestas
por Rabasco en contra de este periódico, la
verdad parece ir abriéndose paso de forma
implacable con el más que previsible
desenlace de apertura de juicio oral que
sentenciará de una vez sobre los delitos
que se le imputan al concejal de
Llucmajor.
Hay que
desear, con este salto cualitativo que ha
dado el caso Rabasco, que Baleares
entre de lleno y francamente en un proceso,
si se nos permite la expresión, de
marbellización de nuestra vida
política en aquellos puntos en que se ve
involucrada en feos asuntos de corrupción.
Han pasado y están pasando demasiadas cosas
inquietantes y que, desde el punto de vista
ético y legal, pintan bastante mal. Desde
el abortado pelotazo de Son Massot,
pasando por la Piñata, Can Domenge,
los episodios protagonizados por Nájera o
el entramado de Rabasco ahora en la picota,
las Islas viven un clima enrarecido que
conviene despejar. Y cuando esto ocurre,
hay que marbellizar, es decir,
«judicializar» -nunca mejor dicho- la
política con todas sus consecuencias. En un
Estado de derecho, cuando fallan los
controles, los pesos y contrapesos, los
filtros de legalidad que impiden la
arbitrariedad y la corrupción, las
instancias judiciales constituyen el último
recurso que queda para reponer el orden
jurídico conculcado. Es lo que está pasando
en Marbella y lo que debería pasar
aquí.
