ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- El
juez concede 24 horas al edil de Llucmajor
Joaquín Rabasco y a su amiga íntima María
del Amor Aldao para que depositen un total
de 329.178 euros de fianza. Asimismo
acuerda el bloqueo de todas sus cuentas
bancarias y la prohibición de que dispongan
del saldo de las mismas.
El
magistrado Miquel Florit reclama 219.452
euros al líder de ASI (Agrupación Social
Independiente). Adopta esta decisión «para
asegurar las eventuales responsabilidades
pecuniarias» derivadas de los
multimillonarios desvíos de dinero público
efectuados por el líder de ASI. Miquel
Florit le advierte además que «de no
hacerlo así se procederá al embargo de
bienes de su propiedad en cantidad
suficiente para responder de la suma que se
le reclama».
El concejal del
Ayuntamiento de Llucmajor ha sido citado
esta misma mañana para depositar el dinero
en el Juzgado que investiga el escándalo:
el de Instrucción número 6 de Palma. Florit
ha acordado también imponer una fianza de
109.726 euros a la amiga íntima del edil y
administradora de las empresas que se
beneficiaban de los contratos de Rabasco.
A María del Amor Aldao Muiño, que se
encuentra en estos momentos viviendo en la
Península tras abandonar recientemente su
domilio en el Paseo Mallorca de Palma, le
apercibe el juez en los mismos términos que
al político cordobés. Si no desembolsa la
citada cantidad, la Justicia procederá al
embargo de todos sus bienes. Al igual que
su amigo Joaquín Rabasco, está convocada
esta misma mañana para hacer frente a la
fianza.
La petición del
fiscal
El juez instructor ha
decidido imponer a ambos una fianza
sensiblemente inferior a la solicitada por
el fiscal Anticorrupción. Juan Carrau
reclamaba para Joaquín Rabasco y María del
Amor Aldao 330.003 euros a cada uno. Y en
caso del edil, el representante del
Ministerio Público decidió aumentar aún más
la cifra solicitando para él el pago de
412.504 euros. A lo que sí que ha accedido
el juez Florit es a «bloquear los saldos
existentes en las cuentas corrientes» de
ambos, tal y como le ha reclamado el fiscal
Juan Carrau.
A raíz de esta decisión
judicial, el concejal del Ayuntamiento de
Llucmajor no puede acceder en estos
momentos a ninguna cuenta bancaria. Ni
siquiera a las de la formación política que
lidera. Estas últimas han sido embargadas
por otro juzgado hasta que salde la deuda
que tiene pendiente con una imprenta
radicada en el Polígono de Son
Castelló.
