Los únicos medios de comunicación que
siguen amparando y defendiendo a día de hoy
a Joaquín Rabasco son los que integran el
Grupo Serra. Utilizando el amparo que le
dan, el imputado por robar dinero público
declaró recientemente en la cadena de
televisión M7, a la que adjudicaba
cuantiosos contratos públicos, que si se
llegara a probar que ha robado «un solo
euro público» está dispuesto a «pedir
perdón desnudo y de rodillas».
Y el
lugar donde piensa hacerlo es, según
prometió, el mismo programa de televisión
minoritario que le entrevista
periódicamente. Curiosamente el
beneficiario del último contrato público
que adjudicó Joaquín Rabasco antes de
abandonar el equipo de gobierno de
Llucmajor se llama Pedro Serra.
El
edil se marchó fiel a su estilo:
adjudicando un nuevo pago al Grupo Serra,
por enésima vez, inferior a 12.020 euros. O
dicho de otra forma, a dedo. El
concepto que esgrime el decreto municipal
por el que se aprobó este contrato reza lo
siguiente: «Publicidad, reportajes y
entrevistas en M7 Televisión». El importe,
11.600 euros públicos.
Este contrato
demuestra, una vez más, que Serra comercia
no sólo con la publicidad sino con los
contenidos informativos. La última muestra
de esta práctica ha tenido lugar con motivo
del concurso de Can Domenge. A todos y cada
uno de los 13 concursantes les ha pedido
3.000 euros por hablar bien de ellos.
