INDALECIO RIBELLES
PALMA.- Habrá
mayor o menor intención de aplicarlo en
caso de que fuese aprobado en los términos
en los que acordó la comisión encargada de
su redacción la semana pasada, y que
bendijo el propio edil de Cultura, pero su
articulado está bien lejos de casar con el
bilingüismo que propugna PP. Las
diferencias con el texto aprobado en 1987
por el alcalde socialista Ramón Aguiló, el
denominado Reglamento de Normalización
Lingüística, aún vigente, son notorias y
muy significativas.
No sólo es que
el texto de la Ley Araújo no se
mencione, ni en una sola ocasión el vocablo
castellano en toda su extensión, sino que
hay por ejemplo obligaciones de
funcionarios y trabajadores municipales en
relación al uso del catalán con jugosas
novedades. En el texto del socialista Ramón
Aguiló se indicaba en el artículo que «se
establece como objetivo el conocimiento de
las dos lenguas oficiales por parte del
personal del Ayuntamiento de Palma». Un
texto totalmente ambiguo que, sin embargo,
en la Ley Araújo de normalización no
deja lugar a dudas.
El objetivo de
la administración municipal será el de
«asegurar que todo el personal que atiende
al público entienda y hable la lengua
catalana», se recoge.
Además se
indica la necesidad de «impulsar la
aprobación de una normativa que sancione e
impida la discriminación lingüística por
parte de la administración», y para
rematar: «Condicionar la movilidad y la
promoción interna al conocimiento de la
lengua catalana», se indica en el borrador
inicial aprobado por la comisión encargada
de su redacción la semana pasada.
Impulsar el catalán
Los
cambios entre uno y otro texto son bien
clarividentes. No son estos dos los únicos
ejemplos. En el apartado de la
publicitación de los anuncios oficiales de
Cort en los medios de comunicación la
diferencia es aún de mayor calado con el
reglamento socialista de 1987. En este
último caso, y pese a la preferencia
manifiesta de que la promoción y la
difusión de actividades municipales
mediante anuncios en prensa se hará en
catalán se indica que, «cuando las
características sociolingüísticas de la
actividad lo aconseje se ha de emplear
también el castellano». Y añade: «Así mismo
se podrán utilizar otras lenguas cuando las
informaciones a difundir sean de interés
cultural o artístico». En la Ley
Araújo la cosa está bien clara y el
castellano no aparece por ningún lado en el
apartado de la publicidad
institucional.
«Establecer que los
suplementos y secciones en los medios de
comunicación escritos patrocinados por el
Ayuntamiento de Palma sean nada más en
catalán».
Y al mismo nivel esta otra
contradicción flagrante con el bilingüismo:
«Condicionar las concesiones de servicio de
la administración al uso del catalán en los
aspectos que impliquen los usos
lingüísticos: atención al público,
rotulación de letreros o publicidad». En
línea con el afán globalizador que tiene
este plan, Cort debe fomentar el uso del
catalán no sólo dentro de la administración
municipal sino en toda la ciudad.
Y
cuando se dice toda, se incluyen hasta las
sociedades anónimas o limitadas a las que
«se les premiará creando unos premios: los
de normalización lingüísticas para
empresas».
