ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- El
fiscal Anticorrupción de Baleares, Juan
Carrau, ya tiene encima de su mesa el
escándalo de las multimillonarias
subvenciones otorgadas por Maria Antònia
Munar a la sociedades de los altos cargos
del partido que preside: Unió Mallorquina
(UM).
Según han confirmado a EL
MUNDO/El Día de Baleares fuentes próximas
al Ministerio Público, ha sido un grupo de
ciudadanos, cuya identidad está todavía por
determinar, quien ha decidido llevar a la
presidenta del Consell de Mallorca ante la
Justicia.
La Fiscalía de las Islas ha
optado hasta el momento por permanecer
impasible ante el reparto de dinero público
de Munar entre los suyos. De hecho, el
fiscal jefe de las Islas, Bartomeu Barceló,
ya anunció públicamente que no es
partidario de que la institución que dirige
actúe de oficio en escándalos de este tipo
si no existe una denuncia de por
medio.
A la vista de la pasividad del
Ministerio Público no ha sido ninguna
formación política sino varios ciudadanos
de Baleares los que han decidido ejercer la
acción popular poniendo los hechos
revelados por EL MUNDO/El Día de Baleares
en conocimiento del Ministerio Público.
A pesar de las informaciones de este
periódico, que fijan la cuantía de dinero
repartido por Munar entre su entorno en más
de dos millones de euros públicos, UM ha
desafiado a todos -fiscales, jueces y
partidos políticos- advirtiendo que seguirá
actuando igual.
Negar la
evidencia
En diversas ocasiones
sus altos cargos han negado, primero, la
veracidad de las adjudicaciones y han
instado a formaciones políticas como el PSM
a llevar el caso a los tribunales si es que
consideran delictivo su reparto
discrecional. Eso sí, nunca han rebatido
las revelaciones de este diario con
argumentos. Sólo con frases como las que
espetó el vicepresidente del Consell de
Mallorca a Mariona Cerdó, redactora de EL
MUNDO/El Día de Baleares que ha relatado el
escándalo: «¿No te da vergüenza lo que
escribes? ¿Puedes dormir por las noches?».
El PSM fue quien tiró la primera
piedra desvelando la concesión por parte
del Consell de Mallorca de 164.000 euros a
la asociación agrícola Fora Vila, una
entidad compuesta por vips de UM.
Este periódico profundizó en el escándalo y
el resultado han sido las informaciones que
aparecen bajo el título de La Piñata de
Munar. Todas ellas demuestran que el
Consell de Mallorca se ha gastado ya al
menos 2,5 millones de euros en subvencionar
a una decena de asociaciones controladas
por miembros de la formación que preside
Maria Antònia Munar. A la vista del volumen
del reparto de fondos públicos, el PSM
junto con EU-EV se han convertido en las
únicas formaciones políticas que han
reprobado públicamente los
hechos.
Los nacionalistas han
asegurado que el Consell de Mallorca con
Maria Antònia Munar al frente actúa como
una «repartidora» de ayudas con objeto de
crear una «estructura clientelar vital»
para la formación que gobierna en la
institución. Por su parte, el líder de la
formación de izquierdas en Palma no ha
dudado en calificar el escándalo de La
Piñata de Munar como «el mayor de la
historia política de Baleares». Quien sí
que ha apoyado sin fisuras a su socia de
gobierno en este caso ha sido el PP. Prueba
de ello es que votó a favor de la ya
conocida popularmente como moción
mordaza.
La 'moción
mordaza'
Esta iniciativa fue
promovida por UM en el Consell con el único
objeto de silenciar a EL MUNDO/El Día de
Baleares bajo el pretexto de «acabar con la
manipulación informativa». No obstante, el
vicepresidente de la institución insular,
Miquel Nadal, repitió hasta la saciedad que
la moción no iba dirigida a ningún medio de
comunicación en concreto.
Sin
embargo, la Junta Local de UM en Campos
admitió poco después en una publicación la
realidad dejando en evidencia a Nadal: «Un
periódico que realiza campañas contra
entidades y personas conocidas y
reconocidas de nuestro pueblo ha hecho el
ridículo más espantoso porque la práctica
totalidad de los representantes legítimos
del pueblo de Mallorca de todos los
partidos políticos le han dicho basta de
manipulación y mentiras».
Lejos de
rectificar, el Consell ha sacado pecho ante
el escándalo anunciando que no variará ni
un ápice sus modus operandi. Prueba
de ello es el anuncio del conseller del
Territorio, Bartomeu Vicens, que asegura
que el Consell «mantendrá y potenciará» el
convenio suscrito con la Asociación para la
Conservación y la Difusión del Patrimonio
(Acidep), vinculada a UM y una de las
principales receptoras de subvenciones
-396.000 euros públicos en 3
años-.
Con todos los datos en sus
manos deberá ser ahora la Justicia la que
decida si la conducta de Munar es delictiva
o si, por el contrario, puede continuar
repartiendo a su antojo dinero público.
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