Pasaron muchos años hasta que alguien
denunciara que detrás de la normalización
lingüística se ocultaba un gran negocio. Un
oasis que, gracias al fervor fanático de
unos y la connivencia ovina de otros, se ha
ido consolidando con los años.
Otro
tanto está empezando a ocurrir con el
ecologismo, sin que a día de hoy nadie,
absolutamente nadie, les tosa, so pena de
caer en el desprestigio del
establishment político-mediático. Me
estoy refiriendo al cotarro económico que
se ha montado en torno a las Agendas
Locales 21 que se están aprobando en
nuestros municipios. En nombre del
desarrollo sostenible, algunos están
haciendo su agosto.
La Agenda Local
21 es el último estadio de un movimiento
ecologista que nació en la Cumbre de la
Tierra celebrada en 1992 en Rio de Janeiro
con el propósito de incidir en los poderes
locales para que apostaran por «un
desarrollo que satisfaciera las necesidades
del presente sin comprometer la posibilidad
de las futuras generaciones ...». Al final,
las agendas locales 21 se materializan en
una serie de documentos que no son más que
un conjunto genérico de medidas y
estrategias en pro de la sostenibilidad:
cómo gestionar los residuos municipales,
cómo ser más eficiente energéticamente,
cómo gestionar el patrimonio rural, cómo
controlar la actividad industrial, cómo
promover un pueblo «más silencioso y
respetuoso con la atmósfera»,
etc.
Para la redacción de este tipo
de
documentos (bautizados como Plan
de Acción Local) se hacen una serie de
reuniones de tipo asambleario (llamados con
pedantería foros ciudadanos) donde los
participantes (que supuestamente es todo el
pueblo, pero a cuyas sesiones apenas acuden
una decena de personas), con el
asesoramiento de un técnico de la empresa
redactora, plantean cómo debería ser el
pueblo en materia medioambiental. Muy
bonito, sólo que incluso estas pocas
opiniones tan «próximas a la realidad
social del pueblo» quedan diluidas en el
mar de lugares comunes y de inanes
generalidades.
Dejando al margen la
escasisísima representatividad de este tipo
de reuniones (copadas, obviamente, por
activistas ecologistas) y el feroz
intervencionismo que destilan, el cotarro
económico reside en la redacción y
elaboración de los denominados Planes de
Acción Local. Un auténtico negocio. Este
tipo de documentos, que a cada municipio le
está costando un ojo de la cara (entre
12.000 y 18.000 euros) son documentos-marco
cuyo contenido es tan fútil y generalista
que, salvando unos pocos datos específicos
del municipio pagador, de un municipio a
otro sólo cambia el nombre del pueblo.
Nunca ofrecer una imagen de sensibilidad
medioambiental había salido tan cara.
