La Conselleria de Medio Ambiente del
gobierno del Pacto de Progreso declaró los
18 pinos de la Porta de Santa Catalina
«bien de interés cultural» única y
exclusivamente para paralizar el
aparcamiento que había proyectado en la
zona el Ayuntamiento de Palma. Es decir, el
govern autonómico estaba utilizando una
norma para una finalidad completamente
distinta para lo que fue creada. Antes, al
menos, se llamaba fraude de ley a
este comportamiento.
Bien, ahora la
Sala de lo Contencioso, como era de prever
por cualquier mente medianamente
estructurada, ha anulado aquella
declaración de la Conselleria de Medio
Ambiente en unos términos contundentes que
no dejan resquicio a la más mínima duda.
Ocurre, sin embargo, que la broma le ha
costado al Ayuntamiento de Palma nada menos
que dos millones de euros que, anuncia,
reclamará al Govern. Mal hecho, reclamar al
Govern es como reclamar a los ciudadanos
que no tenemos arte ni parte en el
desaguisado y en la torpeza malintencionada
de la Conselleria de Medio Ambiente. A
quien debe reclamar Cort -y va en serio- es
a la responsable de la decisión, la
entonces consellera Margalida
Rosselló, y a todos los que hayan
tomado parte en una decisión ilegal,
arbitraria y fraudulenta. Debe pagar
Margalida Rosselló, ella personalmente, de
su bolsillo, las consecuencias de la
tropelía cometida, respondiendo de sus
actos de la misma forma que los ciudadanos
de a pie respondemos de los nuestros.
Mientras no se produzca un escarmiento que
sancione la inmunidad e impunidad con que
se conducen algunos políticos, la
arbitrariedad seguirá reinando.
