MARTA CUNILL
MAÓ.- Una solución
negociada. Esto es lo que el PP pide que
consiga el Ayuntamiento de Maó con las
cuatro familias de Capdecreus antes del
lunes, cuando, por orden judicial, está
previsto su desalojo. Los Gálvez ya han
anunciado que sin una alternativa donde
vivir no abandonarán sus viviendas.
Mientras, el Consistorio aseguró: «Nos
gustaría que se pudiera propiciar el
desalojo con las mejores condiciones,
asegurando una alternativa».
Tras la
visita del portavoz popular en el
Ayuntamiento de Maó, Juan Manuel Lafuente,
a las cuatro familias afectadas, declaró
que «no sería ni justo, ni humano, ni
digno» que se quedaran en la calle.
Lafuente aseguró que su partido no discute
la orden judicial de desalojo sino «la
parte social» del caso. Así, Lafuente instó
al equipo de gobierno a «no mirar hacía
otro lado». Y es que consideró que las
cuatro familias de Capdecreus están en esta
situación como consecuencia de la política
urbanística del Consistorio.
Por su
parte, la teniente de alcalde de Ciudad y
Medio Ambiente, Gari Petrus, contestó: «No
estábamos esperando que el PP nos lo
pidiera. Nosotros ya hemos empezado a
negociar». Aún así, de momento no hay
alternativa aunque Petrus espera que antes
del lunes puedan alcanzar un acuerdo. El
Consistorio dará más detalles hoy sobre su
postura en el tema.
Por otro lado,
Lafuente desveló que el concejal socialista
del Ayuntamiento de Palma, José Antonio
Santos Hierro, es propietario de «cantidad
de locales comerciales» en los edificios
que son viviendas de protección oficial
construidos en la zona donde viven las
familias de Capdecreus.
Por ello, el
portavoz del PP en el Consistorio afirmó:
«Mientras el Ayuntamiento echa a la calle a
los más débiles, sus amigos se sienten
cómodos y arropados en la misma zona».
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