Para los que creemos que las reformas
estatutarias son un camino para elevar el
techo competencial de las comunidades
autónomas y para asumir cada vez más ese
papel de Estado que les corresponde en sus
territorios, la crónica reciente de la
reforma del Estatuto nos parece
sencillamente triste y
decepcionante.
Cuesta valorar
positivamente el acuerdo alcanzado el
pasado lunes día 12 de retomar la ponencia
estatutaria dentro de dos meses (¿por qué
dos meses?) y además no zanjar de una vez
por todas la cuestión del equilibrio
territorial que nos mantiene en el marasmo
más absoluto. Estamos donde estábamos en
octubre cuando los trabajos de la ponencia
se paralizaron, es decir, sigue sin haber
acuerdo entre la oposición y el Partido
Popular. Hace dos meses el PP rechazaba
incluir en el Estatuto el número de
diputados de cada isla que deben componer
el Parlament y se ofrecía a firmar un
documento en el que se hubiera comprometido
a no modificar la Ley Electoral en el
futuro.
Esta semana se nos informa
que se ha acordado que cualquier
modificación de la representatividad
territorial recogida en la Ley Electoral
requerirá ser aprobada por mayoría
cualificada -solución adoptada por la
oposición que con muy buen criterio no se
fía del PP-, pero el portavoz de los
populares, Miquel Ramis, afirma
ellos no tienen por qué respetar ese
acuerdo.
Y todo por la obsesión de
crear un Consell de Formentera innecesario
que puede desequilibrar la fórmula de
representación territorial, basada en la
paridad corregida, consensuada y aprobada
en su día.
La vicesecretaria general
del PSM, Nanda Ramon, se felicitó al
salir de la tan cacareada reunión del
pasado lunes, por haber alcanzado un pacto
sobre la representación territorial
afirmando que esa es una «cuestión
importante para los ciudadanos». La lástima
es que la mayoría de ciudadanos no lo vea
así y que muchos todavía anden
preguntándose si hay que reformar el
Estatuto. Pero no me extraña. ¿Cómo se
puede interesar a la ciudadanía por sus
instituciones, por su autogobierno, por esa
reforma estatutaria si quienes la tienen
que llevar a cabo no transmiten ambición ni
ilusión?
La gran diferencia entre un
Estatuto como el catalán y esto nuestro es
que mientras el primero es la vía normativa
con la que, en el marco constitucional,
Cataluña quiere relacionarse con el Estado;
esto nuestro no es más que la constatación
de que no nos sabemos organizar ni entre
nosotros.