Si acaso se interrogara a la ciudadanía
sobre si considera una necesidad
prioritaria la reforma del Estatut de
Autonomía, probablemente diría,
mayoritariamente, que sí. Pero esta
respuesta tendría aproximadamente el mismo
valor que si se le interrogara sobre si le
gustaría que le tocara la lotería por
Navidad. Está claro que si ahora numerosas
comunidades se proponen reformas, todas a
remolque de aquellas otras con fuerte carga
nacionalista, no tiene por qué Baleares ser
una excepción y quedarse atrás. Aunque esta
justificación, siendo comprensible, puede
que no resulte una razón suficiente para
sustentar los cambios que se aspira a
realizar. ¿Hay que reformar entonces
nuestro Estatut de Autonomía?, pues
depende. ¿Y de qué depende?, pues dependerá
de lo que sea necesario reformar, si es que
realmente hace falta cambiar algo, y de
para qué habría que hacerlo. Porque para
ponerse a realizar mudanzas sin tener una
idea clara de que es lo que hay que
modificar, incluso sin saber si será
posible hacerlo, mejor dejar las cosas como
están. Y ni una cosa ni la otra, en este
tiempo de tribulaciones, parece que estén
maduras.
El Comité de sabios,
a quien los políticos han encargado un
estudio sobre los aspectos de nuestro
Estatut que podrían ser objeto de algún
cambio, finalizados sus trabajos, ha
concluido que existen 74 cuestiones que
podrían variar, desde modificar meros
aspectos de detalle hasta asuntos de mayor
calado. Lo que no habrá hecho el comité,
porque tampoco les correspondía, es opinar
sobre si todo lo que proponen es
fundamental y necesario para el devenir de
esta comunidad, aunque esta sea la
auténtica cuestión de fondo y la que
debería dilucidarse para valorar la
necesidad o no de la reforma del Estatuto.
¿Puede avanzar nuestra comunidad con el
Estatut actual? Si ha funcionado durante
este último cuarto de siglo, no se alcanza
a ver por qué no va a poder seguir
haciéndolo, habida cuenta de que los
auténticos problemas que tiene nuestra
autonomía son fundamentalmente los de una
insuficiente financiación y no la necesidad
de alcanzar mayores cotas de autogobierno,
y aquéllos no se resolverán simplemente
cambiando el Estatuto. Pero nuestra clase
política, pese todo, quiere llevar a cabo
la reforma aun a riesgo de que, por falta
de entendimiento, el documento final vaya a
resultar un remedo del parto de los montes.