EDUARDO COLOM
CALVIA.- El proyecto
de hundir la fragata Baleares para crear un
arrecife artificial que atraiga turismo de
buceo cuenta desde hace cinco días con el
aval tácito de los expertos
medioambientales de la Organización de
Naciones Unidas (ONU).
El 11 de
noviembre fue aprobada en la ciudad
eslovena de Portoroz una normativa diseñada
específicamente para el Mediterráneo (en el
marco del Plan de Acción para el
Mediterráneo) en la que se detalla cómo
debe ejecutarse un proyecto de estas
características. Especialmente en su fase
previa, en la que se debe transformar el
buque en un cuerpo inocuo para el
ecosistema.
El documento, ratificado
por ministros y jefes de costas de 20
países ribereños, cuenta con el visto bueno
de numerosas ONG's, constituye un protocolo
básico de actuación en casos como el de
la Baleares y se inspira en la
normativa canadiense y en las disposiciones
de la Organización Marítima Internacional
(IMO), fuentes de referencia para los
impulsores del proyecto calvianer.
Además, sirve como actualización al
Convenio de Barcelona, hasta ahora norma de
referencia y asidero para los detractores
del proyecto.
El informe tiene dos
partes. En la primera se establecen las
líneas maestras que deben guiar el
emplazamiento de cualquier elementos
destinado a crear arrecifes artificiales.
Se desglosan los materiales permitidos
-materiales naturales, acero- así como los
diseños o ubicaciones idóneas para
garantizar la protección y regeneración de
la vida marina. Estas instrucciones
deberían regir, por ejemplo, el proyecto de
creación de arrecifes artificiales que ha
diseñado el Govern para las costas de
Santanyí a base de bloques de
hormigón.
Duras
inspecciones
La segunda parte del
informe es una guía que indica cómo debe
realizarse la descontaminación del buque
antes de ser hundido. Se pone como
condición sine qua non la obtención
de certificados que garanticen que no
contiene asbestos, PCB's, ningún resto de
munición, elementos refrigerantes, etc. Se
exigen informes detallados acerca del tipo
de pintura, maquinaria y fuel que empleó el
barco en vida. Se fijan inspecciones
periódicas por parte de las autoridades
competentes. Se detallan métodos de
limpieza de tanques. Y se exigen estudios
científicos que determinen qué impacto se
puede haber generado tiempo después del
hundimiento.
Este acuerdo
internacional supone una revisión del
Convenio de Barcelona -aprobado en 1975 y
modificado parcialmente en 1995-, que no
contempla este tipo de prácticas.
El
representante del gobierno español en
Eslovenia fue José Fernández, director
general de Costas. Área del Ministerio de
Medio Ambiente que debe dar permiso para
que el hundimiento pueda realizarse en zona
marítimo terrestre (a 20 metros de
profundidad y 200 metros al Este de la
reserva de las Malgrats).
El proyecto
aún debe salvar escollos: el sí del
Gobierno, la financiación (costará 1,6
millones de euros) y la oposición de
organizaciones verdes como el Gob o
Greenpeace España, que critican el proyecto
porque supone «arrojar chatarra al mar» y
porque «aumentaría el impacto humano en el
sobreexplotado litoral de Calvià».
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