MARTA CUNILL/ MIREYA ROURA
MAÓ.-
Los responsables de la Casa de la Infancia
de Maó amenazaban a los niños con la Ley de
Responsabilidad Penal del Menor «que sólo
es aplicable a los centros de reforma»,
explicaron fuentes del Ministerio de
Justicia. Los directivos del centro
repartieron una circular que advertía a los
menores: «La ley 5/2000 especifica que ante
el no cumplimiento de vuestras normas puede
haber una sanción por parte de la
dirección, la cual puede impedir vuestras
salidas, que recibáis
pagas...».
Dicha normativa, a la que
los niños podrían haber accedido vía
internet, sólo puede ser aplicada por un
juez cuando un menor de más de 14 años ha
cometido un delito. Sin embargo, los
responsables de la Casa de la Infancia, que
es un lugar de acogida y protección, se
amparaban en esta Ley para chantajear a los
residentes con no darles la paga o no
dejarlos salir.
También los
responsables de la Dirección General de
Atención de Infancia y Adolescencia de
Catalunya confirmaron a este diario que la
5/2000 nunca se aplica en sus centros de
protección que albergan niños tutelados por
la Generalitat. Se utiliza la Ley de
Protección del Menor.
Durante estos
últimos días este diario ha reproducido
ciertas partes de informes firmados por el
equipo técnico del SIAF, Servicio de
Infancia, Adolescencia y Familia, en los
que se advertía desde hacía dos años que si
no se tomaban medidas urgentes en la Casa
de la Infancia se seguiría incumpliendo la
ley y vulnerando los derechos de los
menores.
Asimismo, se menciona
varias veces que los trabajadores están
siendo objeto de un «abandono
administrativo» y de «maltrato
institucional». Según fuentes consultadas,
las dos ex responsables de la Casa de la
Infancia, Nuria Mercadal y Carme Curcó,
abrían expedientes negativos a los
educadores que más se quejaban en las
reuniones por la mala gestión. Este diario
tiene constancia de dos trabajadores a los
que no se les renovó el contrato tras
esgrimir sus quejas por el mal
funcionamiento de todo.
Grave
abandono
Carencia de mudas de
quita y pon para algunos menores, comida
insulsa, habitaciones sin cristales en las
ventanas, ausencia de armarios y goteras,
entre muchas más. Pero no sólo se hace
referencia a las instalaciones. También a
los pocos recursos de los que disponían los
educadores poder trabajar en un mínimo de
condiciones. «A los menores no se les puede
ofrecer suficientes alternativas de ocio
debido a la falta de material», se
menciona.
Este diario tiene
constancia de que detrás de muchos de los
menores existen episodios de autolesiones,
intentos de suicidio, denuncias por robos y
agresiones a los educadores así como
consumo excesivo de drogas que ha llevado a
algunos a prostituirse para poder
costeárselas.
Pese a que uno de los
informes emitido el 7 de junio de 2004 ya
advertía sobre la necesidad de crear un
servicio de drogodependencias, el conseller
de Bienestar Social, Andreu Bosch desoyó la
petición.
Tal como advertían los
técnicos que llevaban años ejerciendo su
profesión, «si la situación no se arreglaba
estallaría como una bomba». Además
recordaron que la tutela de algunos
residentes la tiene el Consell Insular, por
lo que la institución es la responsable del
estado de los niños.
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