ESTEBAN URREIZTIETA
LORENZO
MARINA
PALMA.- Fuentes de la
Demarcación de Costas estiman que en
Baleares hay 10.000 instalaciones privadas
situadas en dominio público
marítimo-terrestre, entre ellas, cientos de
piscinas. Unicamente 500 de estas
construcciones en las Islas están
legalizadas mediante una concesión en
vigor.
El Ministerio de Medio
Ambiente anunció el jueves que «ya está
adjudicado el proyecto de recuperación de
uso público en el litoral de Mallorca, en
el que se han acumulado numerosas
irregularidades que impiden o dificultan el
cumplimiento de la Ley de Costas». Y
advirtió de que la aplicación de este plan
es sólo cuestión de tiempo.
De
llevarse a la práctica la iniciativa del
Ministerio, y según estima la Demarcación
de Costas, podrían verse afectados por esta
medida miles de chalés, embarcaderos,
piscinas, hoteles y bloques de
apartamentos. De todos ellos, según los
datos que maneja este mismo organismo,
apenas el 5% tiene papeles. Es decir, la
inmensa mayoría carece de la concesión
reglamentaria. Y entre este medio millar
que tiene su situación administrativa al
día se encuentra la piscina de la
residencia de Pedro J. Ramírez.
El objetivo de este reportaje no
es ni mucho menos el de instigar al
Ejecutivo a que derribe las construcciones
ya existentes, sino, por el contrario,
mostrar la realidad de la costa balear y
demostrar que la campaña contra el
periodista no responde al interés de
preservar el medio ambiente.
Radiografía de la
costa
Prueba de ello es que los
instigadores de la misma, liderados ahora
por el diputado de Esquerra Republicana de
Cataluña (ERC), Joan Puig, sólo reparan en
el domicilio de Ramírez. Una casa y una
piscina que fueron construidas hace casi
cuarenta años. El director de EL MUNDO
adquirió la vivienda en 1998. No obstante,
y respondiendo a esta campaña, el Ejecutivo
ha decidido hacer cumplir la Ley de Costas
que entró en vigor el 28 de julio de 1988 a
todas las edificaciones. Sin excepción.
Empezando por la costa mallorquina de
Poniente; por la de Levante; y continuando
por Menorca, Ibiza y Formentera.
Si
los deseos del Ministerio de Medio Ambiente
se transforman en realidad, desaparecerán
hoteles de todo tipo. Desde residencias de
magnates árabes, banqueros y florecientes
empresarios hasta miles de viviendas de
familias de clase media que, cuando las
construyeron, lo hicieron buscando la
proximidad del mar.En términos generales,
la Ley de Costas establece que el dominio
público marítimo-terrestre es el espacio de
costa que ha cubierto el mar durante el
mayor temporal conocido. Y ni ahí ni en un
espacio que en algunos casos puede llegar
hasta los 100 metros «desde el límite de la
ribera del mar» se puede construir ninguna
vivienda. Ni siquiera se permite ubicar
allí vallas publicitarias o tendidos
eléctricos. A partir de ese límite
comienza, según la normativa, una franja de
seis metros que recibe el nombre de
«servidumbre de tránsito» y que se reserva
para el paso del público peatonal. Pero es
que, además, esta zona está incluida, según
la ley, por una servidumbre de protección,
que oscilaría dependiendo de si el terreno
es rústico o urbano entre los 20 y los 100
metros. Ante estos preceptos, lo que
pretende Medio Ambiente es algo que la Ley
de Costas no recoge en ninguno de sus más
de doscientos artículos: que tenga un
efecto retroactivo sobre las construcciones
ya existentes. Y, por si fuera poco, el
Ministerio hace suyo el otro pretexto que
utiliza la campaña contra Pedro J. Ramírez:
el derecho de paso. Es decir, que nada
obstaculice el paso peatonal por la costa.
Pero obvia que la ley establece que la
servidumbre de paso, en el caso de que ya
existan edificaciones debe ser paralela y
nunca debe atravesar una vivienda o una
piscina.Esta exigencia multiplicaría aún
más el número de instalaciones y de
familias afectadas. Y extendería el
problema a todo el litoral español,
teniendo en cuenta que la misma ley que
menta ahora Medio Ambiente establece que el
40% de la costa de nuestro país se
encuentra ya edificado. Ante este panorama,
que alcanzó su expresión delictiva con el
asalto por la fuerza hace ahora una semana
del domicilio del director de EL MUNDO, a
los ciudadanos de baleares sólo les queda
un motivo de esperanza: la Demarcación de
Costas sólo cuenta en las Islas con un
técnico para revisar cada palmo del
litoral.(Viene de la pág. anterior)El
solitario técnico de la Demarcación de
Costas se tendrá que enfrentar a las casas
que caen en cascada en el puerto de
Andratx; a los chalés que salpican la costa
entre San Telmo e Illetas; a los que se
encuentran a punto de precipitarse al vacío
frente a las reservas marinas de las Islas
Malgratas y El Toro; pero también a las
lujosas residencias que baña el mar en
Bendinat, Portals Nous y Costa d’en
Blanes.Si continúa su recorrido en
dirección a la costa de Levante se topará
al llegar a la Colonia de Sant Jordi con
varios hoteles en primera línea cuya
construcción hoy sería completamente
inviable. Observará cómo una urbanización
al completo se refresca en una piscina
literalmente alicatada en la roca de Cala
D’or. Recorrerá las edificaciones de Sa
Coma, Portocolom y Son Servera. Y llegará
hasta Pollença, donde una de las mayores
piscinas de Mallorca se encuentra excavada
en la arena de la playa y ganando varios
metros al mar. Una instalación que no es
que esté en dominio público
marítimo-terrestre, sino que cualquier
temporal la haría desaparecer por
completo.En la zona de Alcùdia la situación
legal de decenas de casas de pescadores
tendría que ser revisada. Y en el cabo de
Formentor se verían afectadas por la
inspección un buen número de mansiones en
lugares prácticamente inaccesibles. Y así,
suma y sigue por la Costa Norte hasta dar
la vuelta por completo a la Isla. Eso, sin
contar con la situación de Menorca, Eivissa
y Formentera.La campaña iniciada por el
dueño del diario Ultima Hora puede tener
unos daños colaterales incalculables. Una
vez revisada la situación administrativa de
la piscina del director de EL MUNDO en la
Costa de los Pinos, ahora le toca a miles
de ciudadanos ajenos a las pretensiones que
mueven a Pedro Serra. Sin tener parte en la
campaña de intimidación contra Pedro J.
Ramírez, se convertirán en los damnificados
de una estrategia que, como fin último pasa
porque los escándalos de Pedro Serra dejen
de aparecer en las páginas de este
periódico. Intentó que cesaran las críticas
contra él por el papel que desempeña en el
museo público Es Baluard y no lo consiguió.
Es más, fue este periódico el que reveló el
mayor pelotazo inmobiliario de los últimos
tiempos en Baleares: el protagonizado por
su yerno en la finca rústica y protegida de
Son Massot de Calvià, donde pretendía
construir 520 viviendas.
