PALMA.- Los portavoces de los distintos
partidos y colectivos que convocaron la
manifestación ilegal del sábado en el
domicilio de Pedro J. Ramírez (entre ellos
el Lobby per la Independencia, ERC, el PSM
y Els Verds) justificaron ayer su actuación
asegurando que desconocían la resolución
del Ministerio de Medio Ambiente que
suspende el uso público de la piscina
situada en la vivienda del
periodista.
El presidente de Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) en Mallorca,
Joan Lladó, se acogió ayer a un formulismo
afirmando que desconoce la resolución de la
Dirección general de Costas porque no ha
salido publicada en el Boletín Oficial del
Estado (BOE).
Pero lo cierto es que
incluso los medios de comunicación del
Grupo Serra, que a lo largo de la semana
pasada se dedicaron a incitar a los
manifestantes de la convocatoria ilegal,
informó el pasado sábado sobre este hecho.
Tal como prueba el documento reproducido
junto a estas líneas, el Ultima Hora
señalaba el sábado en su página 37 que
«fuentes de la Delegación [del Gobierno]
explicaron que el Ministerio interpreta que
la suspensión del uso público lleva
implícita la supresión de la servidumbre de
paso por la costa».
Efectivamente,
tal como informó en su día este diario, el
Ministerio de Medio Ambiente resolvió el
pasado mes de mayo archivar «sin posterior
trámite» la denuncia en la que el cabecilla
del Lobby per la Independencia, Jaume
Sastre, pedía la demolición de la piscina
ubicada en la vivienda del editor de EL
MUNDO. La resolución firmada por el
director general de Costas, José Fernández
Pérez, suspendía temporalmente el uso
público de la piscina, hasta que el
Ministerio que dirige Cristina Narbona
apruebe el proyecto que ha de presentar
Pedro J. Ramírez para regular su
utilización.
Hasta entonces, tal como
aclaró expresamente el delegado del
Gobierno en Baleares, Ramon Socías, la
víspera de la manifestación ilegal
celebrada en el domicilio del periodista,
el Ejecutivo consideraba que también
permanecía suspendido el derecho de paso
por esta franja de la costa de Son
Servera.
Pese a que así lo informaba
el sábado el propio Ultima Hora, los
colectivos radicales alentados por los
medios de comunicación del Grupo Serra
mantuvieron su convocatoria del sábado con
el objetivo de violentar una propiedad que
no responde en estos momentos al uso
público. Y ha sido ahora el mismo Ultima
Hora el que ha justificado la actuación de
los grupos independentistas encaminada a
amedrentar al editor de EL MUNDO y su
familia.
Como ha informado este
diario, la piscina situada en la costa de
Son Servera fue construida hace 35 años,
cuando la vivienda pertenecía a la familia
Calvo-Sotelo. El Ministerio de Medio
Ambiente decidió suspender temporalmente el
uso público de la piscina atendiendo a
motivos de seguridad pues, tal como
indicaba el propio informe de la Delegación
del Gobierno, Pedro J. Ramírez es uno de
los objetivos de la banda terrorista
ETA.
