LORENZO MARINA
PALMA.- La piscina
del editor de EL MUNDO/El Día de Baleares,
Pedro J. Ramírez, en la Costa de los Pinos,
en Son Servera, es «la única que se
encuentra legalizada». A pesar de esta
«legalización», los manifestantes, primero,
e invasores, después, esgrimieron este
permiso como argumento para irrumpir el
sábado por la fuerza en la residencia.
Consideran la concesión una excepción en
todo el espacio marítimo-terrestre
mallorquín.
Así, los asaltantes
reconocieron ayer que las viviendas en
Mallorca que vulneran el espacio
marítimo-terrestre son «muchas». También
admitieron que «cuatro o cinco en la Costa
de los Pinos son equiparables» a la de
Pedro J. Ramírez. Aunque el hecho de ser la
única residencia que cuenta con una
concesión para tener la piscina fue el
pretexto para la invasión.
De hecho,
la residencia familiar de uno de los
cabecillas de la protesta, el coordinador
de Els Verds de Mallorca Miquel Angel
Llauger, se encuentra a escasos metros del
agua en la cala de Es Morer Vermell, en
Alcùdia. La valla de esta casa reduce la
anchura de la playa a apenas cinco metros.
Pese a ello, Llauger no tuvo reparos
en comparecer, ayer, en rueda de prensa
para denunciar la supuesta vulneración del
espacio marítimo-terrestre de la residencia
de Pedro J. Ramírez en la Costa de los
Pinos.
Además de Llauger, el
presidente de ERC en Baleares, Joan Lladó;
la concejala de Esquerra Unida en Son
Servera, Concha Peña; la diputada
autonómica del PSM Maria Antònia Vadell, el
portavoz del Lobby per la Independència
Josep Palou y el portavoz de la asociación
Gadma, Bernat Fiol comparecieron ayer en
rueda de prensa.
El motivo inicial
era presentar la denuncia contra el
director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez y la
empresa de seguridad Mevisa, encargada de
la vigilancia de la residencia. Lejos de
reconocer cualquier tipo de agresión a los
vigilantes, se presentaron como
víctimas.
«No estaba en el
BOE»
Los ahora denunciantes
aseguraron desconocer que sobre la piscina
de Ramírez se había decretado una
suspensión temporal del uso público. «No se
ha publicado en el BOE», se excusó Concha
Peña.
Asimismo, Peña admitió que
«muchas» residencias de la Costa de los
Pinos vulneran el espacio
marítimo-terrestre. Pese a no contar con
permiso alguno, no han sido el escenario de
ninguna movilización, a diferencia de la
vivienda de verano de Ramírez.
La
diputada Maria Antònia Vadell resaltó que
el derecho de paso es «inalienable». Vadell
insistió en que el paso por el espacio
marítimo-terrestre es una «costumbre
amparada por la Ley de Costas».
