M. A. RUIZ
PALMA.- El secretario
general del Partido Socialista de las Islas
Baleares (PSIB), Francesc Antich, eludió
ayer condenar los incidentes registrados el
pasado sábado en Son Servera, cuando un
grupo de independentistas encabezados por
el diputado de ERC Joan Puig asaltó, sin
que la Guardia Civil hiciera nada por
impedirlo, el domicilio particular que el
editor de EL MUNDO/El Día de Baleares,
Pedro J. Ramírez, posee en la
Isla.
Preguntado sobre el hecho de
que la Guardia Civil incumpliera las
instrucciones de la Delegación del
Gobierno, que había dado órdenes para que
este cuerpo impidiera el asalto a la
vivienda del periodista, Francesc Antich
reafirmó ayer su «confianza en las fuerzas
de seguridad del Estado. Quiero pensar que
la Guardia Civil actuó así por prudencia»,
indicó el líder socialista sobre el hecho
de que seis agentes de paisano se limitaran
a contemplar los incidentes, sin intervenir
en ningún momento ni pedir asistencia a los
11 agentes uniformados que permanecían a la
entrada de la urbanización.
En todo
caso, Antich admitió ayer la necesidad de
investigar lo sucedido y «abrir los
expedientes que haya que abrir, porque el
Estado de Derecho debe estar por encima de
todo». El propio delegado del Gobierno en
Baleares, Ramon Socías, denunció el lunes
que la Guardia Civil incumplió las
instrucciones que él había impartido para
impedir el asalto a la vivienda del
periodista.
En lugar de ello, los
agentes contemplaron, cruzados de brazos,
cómo una docena de los manifestantes
ilegales arrollaba al servicio privado de
seguridad de la vivienda hasta que al menos
tres de ellos lograron introducirse en la
piscina: el diputado nacional por Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) Joan Puig,
el presidente de ERC en Mallorca Joan Lladó
y el líder del Lobby per la Independencia,
Jaume Sastre.
«No es buena
noticia»
A preguntas de este
diario, el socialista Francesc Antich evitó
cuidadosamente condenar la actuación del
grupo radical liderado por el diputado de
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Joan Puig y optó por la equidistancia. «Que
se produzca conflictos como éste no es una
buena noticia para nadie», afirmó Antich,
«pero yo no defiendo a nadie en este
conflicto, lo que hay que hacer es analizar
el problema de fondo para intentar buscar
soluciones».
En cierto modo,
justificó lo ocurrido porque, afirmó el
máximo responsable de los socialistas de
Baleares, «cada vez hay una demanda mayor
por parte de los ciudadanos para que se
respete el dominio público y el derecho de
paso por la costa». Olvidó recordar que el
propio Ministerio de Medio Ambiente, que
dirige la socialista Cristina Narbona,
mantiene suspendido temporalmente el uso
público de la piscina existente en la
vivienda de Pedro J.
Ramírez.
«Matas creó el
problema»
En opinión de Francesc
Antich, «el primer responsable» de lo
ocurrido no es el diputado independentista
Joan Puig ni quienes le acompañaron en su
asalto a la vivienda del director de EL
MUNDO, sino el actual presidente del
Gobierno balear, Jaume Matas, ya que fue
durante su etapa como ministro de Medio
Ambiente cuando se renovó la concesión de
la piscina.
Una concesión que, dijo
ayer el secretario general del PSIB, «se
hizo con los pies. Por eso me sorprende que
Matas salga ahora dando lecciones», añadió,
«cuando fue él quien creó el problema
cuando era ministro». Antich se refería a
las declaraciones en las que el president
Jaume Matas ha exigido explicaciones al
ministro de Interior, José Antonio Alonso,
por la pasividad de las fuerzas de
seguridad ante el asalto a la casa del
director de EL MUNDO.
Las palabras
pronunciadas ayer por Antich están sintonía
con la posición del portavoz socialista
Andreu Crespí, quien no considera
«condenable que una serie de personas y
partidos políticos se manifestaran para
reclamar el uso público de una determinada
zona. Lo mejor que se puede hacer cuando se
crea este tipo de conflictos», dijo el
lunes, «es dejar pasar a la gente y después
seguro que no pasa nadie más».
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