INDALECIO RIBELLES
PALMA.- El
Ayuntamiento de Palma no dispone de un
protocolo ni reglamento específico que
regule la utilización de las grabaciones
telefónicas por parte del personal de la
Policía Local del cuartel de San Fernando.
Como ayer aseguraron diferentes fuentes
sindicales, es imprescindible establecer un
marco regulado con unas instrucciones
precisas sobre la forma y a quién requerir
el material grabado en el cuartel.
Ha
sido este vacío legal existente al
respecto, una de las razones de fondo que
se encuentran detrás del reciente caso de
espionaje telefónico descubierto en el
cuartel de la Policía Local cuando un alto
cargo exigió al personal encargado del
sistema de transmisiones la copia de una
cinta con la conversación mantenida por un
inspector. Una grabación que provocó el
anuncio por parte del afectado de una
querella, al considerar que se estaba
vulnerando el secreto de las
telecomunicaciones. Situación esta lógica
ya que era la primera vez que un alto cargo
exigía que se le entregase el contenido de
la conversación mantenida por otro
mando.
Un hecho de la máxima gravedad
que ha ahondado el malestar que se vive en
el cuerpo y ha provocado el envío de una
orden expresa de la alcaldesa de Palma,
Catalina Cirer, exigiendo que en la mayor
brevedad posible se aclare la situación y
se depuren responsabilidades. Hasta la
fecha las únicas cintas que han salido de
Sant Ferràn son las que hayan podido ser
requeridas por la autoridad judicial
mediante la preceptiva orden legal. En el
cuartel de Sant Ferrán se graban todas las
conversaciones que se mantienen desde los
telefónos, fijos o móviles, adscritos a la
Policía Local.
Posteriormente las
grabaciones que se registran en cintas y
cuya custodia corre a cargo del encargado
del sistema de transmisiones, se almacenan
y luego se destruyen los ejemplares una vez
transcurrido un cierto tiempo. Como ayer
señalaban fuentes sindicales de la Policía
Local, «nunca habían existido problemas con
las escuchas hasta que se ha planteado esta
cuestión».
Se ha pedido su
redacción
Respecto al vacío legal
existente, fuentes sindicales revelaron que
determinados mandos, «a finales del pasado
mes de julio y ante la magnitud que había
alcanzado el escándalo del presunto
espionaje telefónico, habían exigido al día
siguiente la urgente necesidad de proceder
a la redacción del correspondiente
protocolo de actuación para extraer
material grabado», dicen. Hasta el día de
hoy no se ha hecho nada al respecto por las
fechas estivales en la que nos encontramos
inmersos y por el escaso interés de la
concejala de Seguridad Ciudadana, Maite
Jiménez, en tomar el mando de la situación
pese a la orden dada desde la Alcaldía de
Palma.
De hecho la concejala sigue
de vacaciones; no fue a la rueda de prensa
celebrada en la tarde del martes en
Bellver, pese a que había anunciado su
presencia, ni ayer tampoco asistió al viaje
que hicieron todos los regidores del equipo
de gobierno que están en activo a Cabrera.
Jiménez ya ha adelantado que no hablará del
tema hasta que la supuesta investigación se
resuelva.
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