M. A. RUIZ / EDUARDO COLOM
PALMA.- El presidente del Govern, Jaume Matas, aseguró ayer que «el deseo del PP es mantener el pacto de gobierno suscrito con Unió Mallorquina en Calvià», aunque añadió que no será hasta el próximo mes de septiembre cuando los órganos de dirección del partido adopten una decisión sobre la crisis municipal abierta en este Ayuntamiento.
En declaraciones a EL MUNDO/El Día de Baleares, Matas no quiso adelantar si el alcalde Carlos Delgado seguirá contando con el edil Joan Thomàs en su equipo de gobierno o si le destituirá de todos sus cargos como le ha exigido la presidenta del Consell, Maria Antònia Munar.
El president Matas evitó entrar e controversias con Munar, quien el martes acusó al PP de Calvià de actuar de una forma «ilegal» e «impresentable», así como de haber perpetrado un «atentado contra la democracia» al recepcionar la urbanización Nova Santa Ponça en el Pleno del 29 de julio con el apoyo del concejal Joan Thomàs, quien ha decidido abandonar Unió Mallorquina.
El alcalde Carlos Delgado eludió ayer efectuar declaraciones, aunque fuentes del PP de Calvià aseguraron a EL MUNDO/El Día de Baleares que el primer edil no ha variado ni un milímetro su postura. Ya la pasada semana, Delgado se reafirmó en que piensa seguir contando con la confianza de Joan Thomàs pues en estos dos años de mandato ha desarrollado una «excelente labor» en las áreas de gestión municipal que tenía delegadas.
Al respecto, Matas afirmó ayer que «tenemos un pacto con Unió Mallorquina y nuestro deseo es mantenerlo, porque constituye el principal compromiso del PP». Tanto la junta local del PP de Calvià como la Ejecutiva regional se reunirán el próximo mes de septiembre para analizar la situación creada en este municipio y buscar una salida a la crisis.
El president restó importancia a las declaraciones de Maria Antònia Munar, por considerar que no aportan ninguna novedad respecto al ultimátum lanzado por la agrupación de Unió Mallorquina en Calvià, que ya amenazó con romper el pacto de gobierno si delgado no destituye fulminantemente a Thomàs.
Sin presiones
El portavoz del PP en Baleares, Miquel Ramis, fue ayer un poco más lejos que Matas y aseguró que su partido «no acepta el ultimátum» de Munar. Ramis añadió que el PP adoptará la decisión que crea más conveniente para Calvià, sin aceptar «presiones» de ningún tipo.
En declaraciones recogidas por Efe, Miquel Ramis subrayó la voluntad de los populares de respetar los acuerdos suscritos con UM «en Calvià y en todos lado», si bien subrayó que el PP es «la mayor y más fuerte organización política» de Baleares, por lo que sólo está sometida «al criterio de los votantes».
Ramis recalcó que el PP «no está gobernando con un tránsfuga» en Baleares y pidió a los dirigentes de Unió Mallorquina que aprovechen las vacaciones para reflexionar sobre los desencuentros surgidos tanto en Calvià como en Andratx, donde el alcalde Eugenio Hidalgo a destituido por «pérdida de confianza» a las dos ediles de UM, cuyo apoyo no precisaba para gobernar.
Por otro lado, Miquel Ramis cuestionó la decisión del PSOE de llevar ante la Fiscalía Anticorrupción la votación en la que el Pleno de Calvià aceptó recepcionar Nova Santa Ponça con el apoyo de Joan Thomàs. El portavoz popular cree que los socialistas «están tirando piedras contra su propio tejado» al acudir a los tribunales, ya que la actuación del PP en el Ayuntamiento de Calvià «no merece ningún cuestionamiento jurídico ni político». Algo de lo que, a su juicio, no puede presumir la ex alcaldesa socialista Margarita Nájera.
En su escrito, el PSOE pide a la Fiscalía Anticorrupción que investigue un posible delito de «cohecho, tráfico de influencias y fraude al erario público» en la votación del Pleno del pasado día 29. Para armar su acusación, los socialistas, según reconocieron públicamente, sólo se han apoyado hasta el momento en «indicios» y «sospechas».
Uno de esos «indicios» era revelado anteayer por el portavoz socialista en el municipio calvianer, Antoni Manchado, quien denunció que los terrenos de la urbanización Nova Santa Ponça se escrituraron nueve días antes del Pleno, lo que para ellos indica que el gobierno municipal ya sabía que el Pleno iba a dar luz verde.
Los argumentos de quien fue mano derecha de Margarita Nájera caen por su propio peso a la luz de las informaciones que ha recabado este diario. En primer lugar, en el momento de escriturar los terrenos, el gobierno de Carlos Delgado no conocía la decisión de Unió Mallorquina de votar en contra: su portavoz, Isidre Cañellas, no lo reveló hasta 24 horas después. Hasta entonces, Delgado únicamente conocía el informe favorable a la recepción elaborado por Bartomeu Calafat, técnico de una de las áreas controladas por UM.
El regidor de Urbanismo, Alberto León, ha dicho en varias ocasiones que durante los meses de negociaciones en que se gestó el acuerdo de Santa Ponça, Cañellas nunca se pronunció al respecto y por tanto no anunció que iba a votar en contra. Y en segundo lugar, León reveló ayer que el PSOE también escrituró parte de la urbanización, «las cesiones lucrativas», en el año 2002, cuando se estuvo a punto de cerrar el convenio.
Y tanto él como la promotora han alegado que «la escrituración de los terrenos es parte inevitable del proceso. Por tanto, es lógico llevarla a cabo cuando las dos partes están, al menos a priori, de acuerdo». León también especificó que los trámites de titularidad municipal llevan resueltos desde el desarrollo del proyecto hace 20 años.
El secretario general de Unió Mallorquina, Damià Nicolau, rechazó ayer todos los intentos de esta redacción de ponerse en contacto con él para conocer su opinión sobre la iniciativa judicial promovida por el PSOE.
Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Carlos Veramendi, descartó ayer que la crisis de Calvià pueda afectar al pacto de gobierno que PP y UM mantienen en la Corporación insular. Veramendi se mostró convencido de que los dos interlocutores del pacto -la vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, y el vicepresidente del Consell, Miquel Nadal-, serán capaces de resolver las diferencias coincidiendo con el inicio del nuevo curso político, en el mes de septiembre.
«En la relación entre dos partidos», afirmó, «es inevitable que surjan roces y diferencias, pero no creo que lleguen a afectar al Consell, donde el pacto está funcionando bien para defender los intereses generales en materias como el plan de carreteras o la gestión de residuos». Veramendi recordó que el «tránsfuga» es el político que abandona su partido para favorecer un cambio de gobierno, «algo que no ha ocurrido en Calvià», añadió.
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