MARINA M. BALLESTERO
PALMA.- En la
isla de Mallorca existen fosas comunes en
las que yacen víctimas de la Guerra Civil
española que todavía no han podido ser
identificadas. «Existe un vacío legal a la
hora de determinar quién es responsable de
abrir estas lápidas comunes e identificar
los cadáveres», denunció la organización no
gubernamental Amnistía Internacional (AI)
durante la presentación ayer en Palma del
informe España: poner fin al silencio y
a la injusticia.
El primer
objetivo de la organización es elaborar un
censo con los nombres de las víctimas que
continúan desaparecidas. En el momento en
que familiares de los fallecidos reclamen a
sus seres queridos, deberá activarse el
procedimiento para la apertura de las fosas
y pozos, sitos en Porreres, Santa Margalida
o Llucmajor, entre otras localidades de las
Islas. «Somos conscientes de que muchas
víctimas nunca aparecerán. En Baleares, por
su condición de insularidad, muchos muertos
fueron tirados al mar por los acantilados
de Deià, Sóller o Formentera o desde el
barco-prisión Jaume I ubicado en la Bahía
de Palma», explica Margalida Capellà, de la
delegación de AI en Mallorca. «Pensamos que
los familiares tienen derecho a saber dónde
están sus muertos y a enterrarlos
debidamente», añade.
El problema
reside en que la competencia de actuación
en estos casos sigue sin estar adjudicada
por ley. «Denunciamos un vacío legal. En
algunas comunidades se encarga Sanidad de
abrir las fosas, en otras Cultura... en
Baleares sigue sin determinarse a quién
corresponde esta responsabildiad», asegura
Capellà.
«Nosotros pensamos que
debería crearse una fiscalía especializada
para impulsar la investigación de casos de
desapariciones. Se trata de crímenes contra
el derecho internacional que se deben
denunciar. Todo el procedimiento de
apertura de las fosas e identificación de
los cadáveres es muy costoso y complicado.
A veces los familiares financian las
pruebas de ADN necesarias para identificar
los cuerpos», insiste.
AI desarrolla
en Mallorca una intensa labor de
recuperación de la memoria colectiva.
Edificios como el cine Augusta o la
biblioteca pública de Palma fueron cárceles
en las que estuvieron encerrados presos
políticos durante la Guerra.
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