RAFAEL GABALDÓN
MANACOR.- La
Comandancia de Marina ha prohibido en Porto
Cristo la instalación de un trampolín en la
plataforma náutica, a modo de balsa, que
pretendía poner el Ayuntamiento de Manacor
a instancias de la Agrupación Independiente
de Porto Cristo (AIPC) en la bahía del
núcleo turístico.
El delegado de
Porto Cristo, Jaume Brunet, ante la
negativa de la Comandancia de Marina para
habilitar el trampolín, instalará la
mencionada plataforma-balsa y se pondrán
dos toboganes en lugar de uno (tal y como
estaba previsto) porque esta instalación sí
contaría con permiso y licencia de
actividad.
La única objeción que pone
Marina se refiere a los trampolines.
Actividad que no puede desarrollarse por
imperativo de las leyes de seguridad y las
normativas de servidumbres en instalaciones
al aire libre en medio de una bahía de
tránsito abierto a embarcaciones privadas,
excursiones, profesionales, recreo,
etcétera.
La plataforma náutica a
modo de balsa en medio de la bahía de Porto
Cristo tiene un presupuesto de 29.000 euros
y podrá utilizarse por todos los bañistas a
finales de este mes de julio, ya que todo
está previsto para que llegue el artilugio
flotante. Este proyecto es el primero de un
total de 25 que corresponde a las
inversiones del plan de excelencia de Porto
Cristo, que tiene un presupuesto total de
tres millones de euros.
Plan de
excelencia
Después de la balsa,
se construirá un carril de bicicletas que
unirá la carretera de Son Servera con la de
Portocolom pasando por el casco urbano de
Porto Cristo, se embellecerá el pinar del
Flamingo, se ampliarán aceras en la primera
línea y se construirán nuevos
aparcamientos.
Además, se llevará a
cabo la eliminación del puente bajo de la
carretera de cuevas y la construcción de
una pasarela peatonal en su lugar, el paseo
del muelle de Porto Cristo en dirección al
puerto romano, etcétera.
Durante los
próximos quince meses se realizarán las
inversiones que paga a partes iguales el
gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero,
de Jaume Matas y de Antoni Pastor. Un
millón de euros cada administración local,
autonómica y central.
