M. A. RUIZ
PALMA.- La Oficina del
Defensor del Menor atendió el año pasado 64
casos de malos tratos a menores, así como
seis por la desaparición de pequeños y
cinco por la presencia de niños inmigrantes
que residían en Baleares de forma
irregular, según el informe que la
consellera de Presidencia, Rosa Puig,
expuso ayer ante el Consell de
Govern.
El organismo que dirige
Gaspar Rullán llevó a cabo el año pasado
462 actuaciones, de las cuales el 43%
corresponden a iniciativas de integración
social de los menores, mientras que otro
23% responde a problemas de salud. En su
informe, Rullán destaca el elevado número
de quejas que genera la tramitación de
causas judiciales en las que los menores
son parte afectada. Por ejemplo, en los
casos de separación de los padres,
ejercicio de la patria potestad o
incumplimiento del régimen de visitas.
Al respecto, recalca la necesidad de
evitar que los niños se conviertan en
«víctimas de discriminación o del castigo
de sus progenitores», o bien que sean
utilizados por sus padres en beneficio
propio durante los procesos de
separación.
Una iniciativa
especialmente útil ha sido, en este
sentido, la creación de puntos de encuentro
en Palma, Inca, Maó y Eivissa. Se trata de
«zonas neutrales» -en algunos casos,
instaladas en colegios- donde los padres
separados pueden llevar a cabo el régimen
de visitas a los niños de forma no
traumática. Gaspar Rullán recomienda
ampliar esta medida a otros municipios que
son cabeza de partido judicial, como
Manacor, así como a la isla
Formentera.
Alumnos en la calle.
Gaspar Rullán también considera necesario
buscar, en los centros escolares, medidas
disciplinarias alternativas a la expulsión
del alumno, que ha si juicio «no siempre
responde al interés superior del menor».
Poner en marcha nuevas «escuelas de padres»
es en su opinión una fórmula adecuada para
abordar buena parte de los problemas de
educación de los hijos. Entre los objetivos
prioritarios de la Oficina de Defensa del
Menor se encuentra, además, erradicar la
desescolarización y el absentismo
laboral.
Videojuegos violentos. El
informe también aboga por erradicar el
exceso de violencia tanto en los
videojuegos, como en la televisión y en el
deporte, «especialmente en el fútbol». Y
propone actualizar la legislación
autonómica para mejorar la protección de
los deportistas menores de 18 años en
cuestiones como el derecho a la formación,
los fichajes o sus retribuciones
económicas.
'Botellón'. Rullán
reclama una Ley autonómica que regule el
consumo de alcohol por parte de los
menores. Lo cierto es que la Ley de
Drogodependecias impulsada por la
Conselleria de Salud no aborda en absoluto
este problema, sino que se limita a
criminalizar a los fumadores.
Sida.
Por último, Gaspar Rullán pide que reciba
una formación específica todo el personal
sanitario y administrativo que atiende a
los menores en las pruebas y diagnósticos
de detección del Sida.
