EIVISSA.- El Ayuntamiento de Sant Joan
aprobó ayer en un Pleno extraordinario
celebrado a las 13 horas «los objetivos,
criterios y soluciones generales del
Proyecto de Normas Subsidiarias de
Planeamiento», que servirán para que el
municipio sea «el primer en adaptarse al
Plan Territorial Insular, aprobado el
pasado mes de abril», según afirmó el
alcalde del municipio, Antoni Marí
Marí.
Para el primer edil este hecho
«muestra la voluntad del Consistorio de
adecuar las normas locales al
PTI».
Marí se mostró satisfecho ante
la rapidez del equipo de Gobierno a la hora
de desarrollar este organigrama «que ha
pretendido recoger y dar forma a todas las
opiniones políticas gestadas a lo largo de
los últimos años, eso sí, con sus
correspondientes actualizaciones».
El equipo redactor, concretó, es el
que ha tenido la opinión técnica y los
distintos equipos de Gobierno los que le
han dado la forma.
El alcalde de Sant
Joan mostró de este modo la voluntad del
Consistorio de captar y adherirse a estos
planteamientos «actualizándolos y
modernizándolos por voluntad política de
forma legal para validar así todas las
actuaciones que se lleven a cabo en el
municipio».
El documento aprobado
ayer se expondrá públicamente en el salón
de plenos del Ayuntamiento «dentro de
aproximadamente 10 días, tras su
publicación en el BOIB y con una duración
de 30 días naturales», concluyó.
«En
el mes de octubre se podrá aplicar en su
totalidad el Plan Territorial Insular». Así
lo aseguró el presidente del Consell
Insular, Pere Palau, el pasado 7 de junio
tras la toma en consideración en el
Parlament balear de la proposición de ley
presentada por la máxima institución
pitiusa de medidas específicas para Eivissa
y Formentera en materia de ordenación
territorial, urbanismo y
turismo.
Palau destacó que a partir
de ahora empezará el trámite parlamentario
y que, por la proximidad de la temporada
veraniega, no podrá aprobarse hasta el mes
de octubre.
«Esta toma en
consideración forma parte de los que
prometimos en su día», explicó el
presidente del Consell, «que incluiríamos
una serie de medidas encaminadas a
garantizar la seguridad jurídica de los
ciudadanos».
Esta iniciativa
legislativa consta de 12 puntos y pretende
recuperar una de las cláusulas de las
Directrices de Ordenación del Territorio
(DOT), anulada por el anterior Gobierno del
Pacte de Progrés.
