GISELA
REVELLES
EIVISSA.- A 15 de
julio de 2005, el porcentaje de multas
cobrado por el Consell Insular desde el uno
de enero es del 67,19%. Nada que ver con la
media de cobros realizada durante la pasada
legislatura por el Pacte Progressista que
lideraba Pilar Costa al frente de la máxima
institución pitiusa.
El Consell tiene
capacidad sancionadora en diversos ámbitos,
como el turístico o el urbanístico. En lo
que va de año ha impuesto multas por valor
de 77.489 euros, de los que ya han sido
ingresados en Tesorería 52.066 euros, lo
que supone un porcentaje de cobros del
67,19%.
En 2004, se impusieron
sanciones por valor de 132.323 euros, de
los que fueron cobrados 42.343 euros, es
decir, un 32% de las multas.
Un año
antes, en 2003, el porcentaje de cobros por
sanciones fue del 30,66%. En aquel
ejercicio, la institución impuso sanciones
por valor de 220.083 euros, de los que
fueron recaudados 67.484. Hay que tener en
cuenta que el Partido Popular comenzó a
gobernar la institución insular en aquel
verano. Hasta entonces y desde 1999 lo hizo
el Pacte Progressista.
Bajo el
mandato de la coalición, en 2002 se
impusieron nada menos que multas por valor
de 661.103 euros. De esta cantidad fueron
cobrados por Tesorería 86.009 euros, es
decir, un 13% de las sanciones impuestas.
En el ejercicio de 2001, el Consell
Insular debía ingresar en concepto de
sanciones un total de 418.425 euros. Sólo
fueron abonados 64.873 euros, es decir, un
15,50% de las multas impuestas por la
institución.
Durante el año 2000, el
Consell esperaba ingresar en concepto de
multas 217.416 euros. Sólo llegaron hasta
Tesorería 28.849 euros, sólo un 13,27% de
lo previsto.
Y, en 1999, año en cuyo
veranocomienza a gobernar la coalición, el
Consell tenía como derechos reconocidos de
cobro, es decir, multas o sanciones, un
total de 446.823 euros, de los cuales sólo
fueron ingresados en las arcas insulares
5.980, sólo un 1,34% de lo
previsto.
Además del partido en el
Gobierno insular, ¿qué ha variado para que
durante una legislatura se cobraran tan
pocas multas y, en la siguiente, se
triplicaran las recuadaciones? La
consellera insular de Economía, Stella
Matutes, explica que, la principal
diferencia, es «la seriedad» con la que el
actual Gobierno insular gestiona la
política sancionadora del Consell. «No se
pueden poner multas», añade Matutes, «y
después no cobrarlas o dejarlas caducar a
la hora de llegar a la vía judicial o
ejecutiva. Si haces eso, los sancionados
terminan por reirse de la
institución».
Pero no se trata sólo
de un cambio de actitud. El Gobierno
insular ha impulsado importantes reformas
como la implantación de un sistema
informático que, bajo el nombre de TAO,
permite a Tesorería tener el control
completo de los expedientes sancionadores
en cada momento. La instalación completa
del programa de gestión concluirá el
próximo mes de septiembre. Un programa que,
según explica la consellera, «te permite
realizar una gestión más eficiente y
eficaz». A ello se añade el haber
incrementado los recursos humanos
destinados a la gestión de cobros.
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