MARIONA CERDÓ
PALMA.- La
nueva ley de prevención del tabaquismo,
elaborada por el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, invalida uno de los
apartados más significativos de la Ley de
drogodependencias y otras adicciones del
Ejecutivo balear. Se trata de la
prohibición de fumar en bares y
restaurantes de menos de 100 metros
cuadrados, una limitación establecida por
la legislación balear y que quedará en
papel mojado cuando entre en vigor la ley
estatal.
La Ley de Prevención del
Tabaquismo está en tramitación
parlamentaria en el Congreso de los
Diputados. A pesar de ello, la ministra de
Sanidad y Consumo, Elena Salgado, declaró
recientemente que no espera cambios
relevantes en el proyecto de Ley. De hecho,
ningún partido político ha presentado
enmiendas a la totalidad en contra de la
nueva legislación contra el tabaquismo, por
lo que se espera que la Ley salga adelante
con mucho consenso.
Es por ello que
es muy previsible que prospere la
posibilidad de fumar en bares y
restaurantes de menos de 100 metros
cuadrados. La legislación estatal permite a
estos locales elegir entre permitir el
tabaco o no permitirlo. En cambio, la ley
balear prohibe fumar en este tipo de bares
y restaurantes y sólo incluye la
posibilidad de habilitar una zona reservada
para fumadores.
Teniendo en cuenta
que la ley del Gobierno central será
básica, es decir, de categoría superior a
la legislación autonómica, lo que terminará
ocurriendo es que la prohibición de fumar
en bares y restaurantes de menos de 100
metros cuadrados no se podrá aplicar. En su
lugar, prevalecerá la posibilidad de elegir
entre convertirse en locales de fumadores o
de no fumadores. Queda por ver cuál será la
elección de los propietarios de los
locales.
La legislación balear
entrará en vigor el próximo 10 de julio,
seis meses antes de que lo haga la ley
estatal. Con ello, la prohibición de fumar
en locales inferiores a 100 metros
cuadrados estará vigente durante medio año
y quedará invalidada con la puesta en
funcionamiento de la ley de Elena
Salgado.
Votos a
favor
El Parlament aprobó la Ley
de drogodependencias y otras adicciones el
pasado 19 de abril gracias a los votos
favorables de PP y UM. La puesta en marcha
de la nueva legislación supondrá la
prohibición de fumar en los centros
escolares, oficinas bancarias, dependencias
de la Administración Pública y hospitales,
entre otros lugares.
Los partidos de
la oposición votaron en contra de la nueva
ley al considerar que es «poco ambiciosa» e
«incompleta». PSOE, PSM y Esquerra
Unida-Els Verds criticaron muy duramente el
hecho de que la nueva legislación contra
las drogodependencias no incluya la
prevención de la adicción al alcohol. «No
podemos apoyar una ley de drogas que no
incluya el alcohol», sentenció el diputado
socialista Miquel Gascón.
«No veo
ninguna razón científica para excluir el
alchol de la ley de drogodependencias»,
indicó el portavoz de EU-EV, Miquel
Rosselló, tras lo cual interpeló a los
miembros del Grupo Popular: «¿Cuáles son
las verdaderas razones para no incluir el
alcohol? Yo se lo diré: porque se han
plegado a las condiciones de un determinado
sector económico. Y este Parlament aprobará
una ley porque ustedes se han
sometido».
Por su parte, la diputada
del PSM Joana Lluïsa Mascaró aseguró que el
Govern no da prioridad a la salud de los
ciudadanos al excluir el alcohol de la ley.
Explicó que los ayuntamientos necesitan
herramientas legales para luchar contra el
botellón y que esta ley ha
desaprovechado una ocasión excepcional para
regular el consumo del alcohol en la vía
pública.