M. A. RUIZ
PALMA.- El
Govern aprobará el próximo martes la nueva
Ley de Puertos de Baleares que incluye un
auténtico plan de choque para resolver la
endémica falta de amarres que padecen las
Islas, con el fin de atender la demanda del
turismo náutico de elevado poder
adquisitivo.
Tan pronto como entre
en vigor la Ley (saldrá publicada en el
BOIB este mismo mes de junio), ser dueño de
un amarre dejará de ser un negocio de por
vida que se hereda de padres a hijos, o que
pasa de un titular a otro, sucesivamente,
multiplicando exponencialmente su precio
final.
Nadie podrá ser titular de un
amarre por un período superior a 30 años,
según el proyecto de Ley elaborado por la
Conselleria que dirige Mabel Cabrer. En
cuanto a la posibilidad, hasta ahora
habitual, de que los hijos hereden el
amarre que disfrutaba su padre, sólo se
autorizará de forma excepcional por causa
de muerte y durante un período máximo de
dos años. Concluido este plazo, el punto de
atraque saldrá nuevamente a la
venta.
En el caso de los puertos
explotados por empresas privadas en régimen
de concesión, el Govern sí permitirá que el
titular de un amarre lo venda a un tercero.
Pero el club náutico o la empresa
explotadora no podrán quedarse con una
comisión superior al 1% del precio final.
Todas estas medidas están
encaminadas a favorecer que la salida de
los amarres al mercado, en lugar de
convertirse en objeto de negocios
especulativos. Más aún cuando en algunos
puertos deportivos de alto nivel de
Baleares se llega a pagar entre 300.000 y
un millón de euros. Mientras se pagan estas
cifras astronómicas, en la actualidad la
lista de espera para acceder a un amarre en
las Islas ronda las 3.100 personas, según
fuentes de la Conselleria de Obras
Públicas.
Un mercado
'cautivo'
Pero tales
soluciones no serían eficaces sin los
oportunos mecanismos de control. Para ello,
el proyecto de Ley crea por primera vez un
registro público en el que deberán darse de
alta antes del próximo 31 de diciembre
todos los titulares de amarres situados en
puertos privados. Aunque preservado por la
Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal, este registro estará a
disposición de Hacienda para efectuar los
oportunos cruces de información.
Y
dos últimas medidas para evitar que éste
sea un mercado cautivo: la Conselleria de
Obras Públicas, a través del nuevo ente
público Ports de les Illes Balears,
impulsará fórmulas para favorecer la
rotación en el uso de los amarres y
garantizará un porcentaje mínimo destinado
a las embarcaciones transeúntes en los
puertos de explotación privada. En opinión
de la consellera Mabel Cabrer, se trata de
«una buena Ley para Baleares, que beneficia
la actividad de los clubs náuticos y
contribuirá a potenciar este tipo de
turismo, especialmente importante para las
Islas».
Estaciones
náuticas
Cabrer destacó que el
proyecto de Ley ha sido consensuado con
todos los sectores implicados, desde los
concesionarios de puertos a las cofradías
de pescadores. Al ser Baleares una de las
últimas Comunidades Autónomas que aprueba
su propia Ley de Puertos, la Conselleria ha
podido aprovechar la experiencia de otras
regiones y ha tenido muy en cuenta los
pronunciamientos que el Tribunal
Constitucional ha emitido, por ejemplo, en
el caso de Cataluña.
La Ley será de
obligada aplicación en todos los puertos de
Baleares, salvo los de interés general
gestionados directamente por el Ministerio
de Fomento (Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y
La Savina de Formentera). Se trata, en
total, de algo más de 12.000 amarres: 2.940
en 13 puertos gestionados directamente por
el Govern y 9.116 en otros 28 puertos
deportivos de explotación privada. El texto
que el martes superará su última prueba en
el Parlament también regula la figura de la
estación náutica, que agrupará servicios
comerciales y de ocio.
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