M. A. RUIZ
PALMA.- El conseller de
Hacienda, Lluís Ramis, anunció ayer que el
Govern tiene previsto realizar una emisión
de bonos por importe de 220 millones de
euros (36.600 millones de pesetas) para
financiar la deuda de la comunidad. Los
estudios previos ya están muy avanzados y
la decisión definitiva se adoptará en un
plazo de 15 días, con el fin de solicitar
la preceptiva autorización al Consejo de
Ministros.
De hecho, el plan de
saneamiento aprobado el martes por el
Consejo de Política Fiscal, que incluye una
subida de 2,4 céntimos en el litro de
gasolina para 2006, constituía el paso
previo para poner en marcha esta medida,
según desveló ayer Ramis de Ayreflor.
Pese a que el endeudamiento previsto
para este año ronda los 385 millones de
euros, el Govern cumple la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y por tanto no
estaba obligado a presentar un plan de
saneamiento. Sin embargo, el Ministerio de
Economía exigió la elaboración de este
documento como requisito para autorizar la
emisión de bonos de deuda pública.
La
operación financiera permitirá al Govern
obtener la liquidez necesaria para capear
el déficit de la Sanidad y la Educación,
hasta que el Gobierno de Zapatero ofrezca
un nuevo sistema de financiación a todas
las autonomías, así como seguir ejecutando
las obras del Convenio de Carreteras que la
ministra Magdalena Alvarez se niega a
pagar.
Baleares mantiene una buena
posición en el rating de solvencia
económica que elaboran sociedades como
Standard & Poor's, por lo que en
principio el Govern no encontrará grandes
dificultades para colocar la emisión de
deuda pública a través de los fondos de
inversión de aseguradoras y entidades
financieras.
Esta será la tercera y,
con diferencia, la mayor emisión de bonos
realizada hasta ahora por la comunidad
autónoma. La primera tuvo lugar en 1994 por
un importe de 90 millones de euros. La
segunda emisión se realizó en 1998 por un
importe de 75,5 millones y vence en 2012,
con un tipo de interés fijado del
9,75%.
Menos que
Cataluña
Durante la etapa previa
al Pacte de Progrés, el Govern acudió a
esta fórmula para financiar el agujero que
le había creado el Impuesto sobre
Instalaciones que Incidan sobre el Medio
Ambiente (Isiquema), anulado por el
Tribunal Constitucional en 2000. A la
espera de que se resolviera el recurso,
grandes empresas como Gesa y CLH se negaron
a pagarlo y depositaron en su lugar avales,
que el Ejecutivo autonómico usó como
garantía para realizar la emisión de deuda
pública.
Después de que Ramis
anunciara que el Govern subirá el impuesto
de los carburantes en 2006 si Zapatero no
resuelve el problema de la financiación
autonómica, la portavoz socialista Francina
Armengol acusó ayer al president Matas de
haber llevado las cuentas de la comunidad a
una situación de «suspensión de
pagos».
Ramis niega rotundamente este
extremo. La deuda del Govern, explicó,
asciende a 1.020 euros por habitante, por
debajo de la media de las comunidades
autónomas (1.147 euros per cápita) y
sensiblemente inferior a la de Cataluña:
1.775 euros por habitante.
Del mismo
modo, añadió, este endeudamiento equivale
al 47,8% de los ingresos corrientes de la
comunidad. La media del conjunto de
comunidades autónomas es del 19%, mientras
que en el caso de Cataluña se ha disparado
hasta el 60%.
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