PALMAEUROPA PRESS -
El Govern planteó ayer una resolución en la Comisión Nacional de Cooperación de Consumo, que fue respaldada por todas las Comunidades Autónomas, en la que insta al Ministerio de Sanidad y Consumo a intervenir y tomar medidas, incluso con una regulación específica, para terminar con los cobros "abusivos" de las compañías aéreas a los usuarios por emitir billetes.
La directora general de Consumo, Manuela Messeguer, defendió esta iniciativa ante el Instituto Nacional de Conusmo, en la que se decidió por unanimidad de todas las autonomías elevar el tema a debate de la conferencia sectorial de sanidad para sea abordado por la ministra del ramo, Elena Salgado, y los consejeros autonómicos.
Según informó hoy el Govern en un comunicado, Messeguer explicó que el Ejecutivo balear ha tomado la iniciativa en este aspecto porque, a pesar de que el cobro afecta a todos los pasajeros en general, "no se puede obviar que los ciudadanos de Balears, por la circunstancia de vivir en un territorio insular, están más afectados".
Messeguer expuso ante la Comisión el estudio jurídico que ha realizado su Departamento y en el que se refleja la posibilidad de que el recargo por la emisión de un billete aéreo se puede considerar una cláusula abusiva, según la Ley 26/1984 genera del defensa de los consumidores y usuarios.
En su intervención, la directora añadió que, si es así, los órganos competentes en materia de consumo (la Dirección General de Consumo) deberían actuar en consecuencia y, por tanto, perseguir estas prácticas. En esta línea, concretó, el cobro que se considera abusivo es el que expone la propia compañía y no el que se debe desembolasr por el servicio de las agencias de viajes.
Overbooking
Por otro lado, Messeguer puso sobre la mesa una serie de advertencias relacionadas con la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo que regular normas comunes para las compensaciones y asistencia a los pasajeros en casos de denegación de embarcamiento (overbooking), cancelación y grandes retrasos en los vuelos.
En este sentido, recordó que el reglamento fija la obligación de cada Estado miembro a designar un organismo responsable, cuando Balears, en virtud de su Estatuto de Autonomía, tiene las competencias en materia de consumo y es su responsabilidad proteger los derechos de los consumidores y usuarios, habiendo desarrollado normativa que otorga potestad sancionadora a la Administración autonómica.
Por ello, consideró que la infracción del reglamento europeo debe ser sancionada por las autonomías y, por ello, indicó que la Dirección General de Consumo investigará y, en tal caso, instruirá y sancionará las infracciones del reglamento sobre indemnizaciones por overbooking, cancelaciones y retrasos, en defensa de los derechos de los consumidores.
